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La intendenta Mónica Fein ya no tiene marcha atrás. Ha decidido poner proa a su gestión en materia de seguridad y eso tendrá sus consecuencias políticas. Ya su antecesor y mentor Miguel Lifschitz proyectaba una policía municipal para controlar el delito en la ciudad; pero a diferencia de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires donde existe un debate legislativo en torno del tema, aquí se decidió no despegar a la nueva fuerza de la estructura provincial y avanzar en una policía comunitaria o de "pacificación" al estilo Brasil, que rondará los barrios pero seguirá teniendo dependencia de la institución que tiene jefatura en la provincia.

Y ahí radica uno de los principales interrogantes: Qué rol tendrá la policía comunitaria tan diferenciado de la policía provincial ordinaria?. Por qué no cubrir la vigilancia en esos barrios destinando allí a policías que ya vienen trabajando en la fuerza?, si van a depender de las mismas seccionales barriales que hoy acreditan -en su gran mayoría﷓ una inmensa desconfianza de los vecinos; por qué van a confiar en esta "nueva" policía?, qué la haría más cercana?

Hay que reconocer que si la intendenta logra su cometido de conseguir "500 policías de Rosario, que conozcan la ciudad y su idiosincracia" sería un avance notable. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de los nuevos agentes incorporados provienen del centro y norte de la provincia. Fein explicó que verificará curriculums que hay en la oficina de empleo municipal para hacer los ofrecimientos, pero existe un antecedente cercano que ilustra muy claramente la dificultad de la tarea: en Venado Tuerto, el gobierno provincial le propuso al intendente José Freyre que abriera la inscripción para policías en esa ciudad, ofreciéndoles que no serían trasladados y que cumplirían sus funciones en esa misma localidad. No podría haber sido peor el resultado. La inscripción estuvo abierta por meses y no se anotó ni una sola persona.

Hoy Venado Tuerto está custodiada por policías -hombres y mujeres﷓ que provienen principalmente del norte provincial. Y no sólo eso, los mismos agentes con ayuda de la comunidad construyeron una pieza amplia detrás de la dependencia policial venadense para poder pernoctar allí porque los alquileres eran muy altos. Unos días a la semana, viajan cientos de kilómetros para visitar a sus familias.

La idea no es demoler el proyecto de la Policía Comunitaria antes de que se ponga en marcha. Es más, todo el aliento que puedan recibir las políticas públicas de seguridad sin duda serán saludados con efusividad en Rosario. Pero la iniciativa toma impulso justo en el momento en el que el gobierno de la provincia empieza a tener un panorama certero -y la verdad, no muy alentador﷓ de la reforma policial. Los programas ya han sido puestos en marcha, las capacitaciones de los agentes llevan más tiempo, se ha invertido en equipamiento y se pasaron significativas cifras en negro al salario "en blanco" de los policías santafesinos; pero la fuerza sigue teniendo problemas estructurales graves. Sin siquiera entrar a analizar lo que significa la corrupción que ha minado desde hace años la estructura vertical de los uniformados; los funcionarios de las distintas áreas ligadas a la seguridad han tomado nota de que la reforma policial costará mucho más tiempo y esfuerzo de lo que costó la transformación de la Justicia penal en Santa Fe que demandó casi siete años.

En ese marco es difícil pensar en una "nueva policía" que nazca sin las dificultades que arrastra la entidad madre, por decirlo de alguna manera. La cadena de mandos no está quebrada pero sí está seriamente minada la vocación de servicio. Y hubo camadas enteras de jefaturas que se han enriquecido más allá de su sueldo y mucha tropa que ha visto ese proceso nefasto masticando el odio y sintiéndose pobre y poco reconocida por la sociedad y los gobiernos.

En estos días volvió al debate la presencia policial en la ciudad con los hechos de inseguridad sufridos por los taxistas. Números más o menos, se llegó a la conclusión de que en Rosario son menos de 200 los patrulleros y que ese no es el verdadero problema: la verdadera dificultad es que no existe la cantidad suficiente de policías con licencias de conducir para aumentar el parque automotor y poner a circular más patrullas. Y si bien no es la cantidad y la saturación lo que hace a la efectividad de una policía, sin duda la presencia en las calles es un elemento clave para disuadir por lo menos el delito común. Tenía razón el gobernador Antonio Bonfatti cuando decía que no eran necesarios cientos de gendarmes para luchar contra el narcotráfico. "Lo que hace falta son unos pocos especialistas en inteligencia y decisión para llevar adelante los procedimientos", se lo escuchó decir más de una vez al titular del Ejecutivo santafesino. El análisis es correcto para el delito complejo.

La idea de la policía comunitaria también se aceleró con la intención de ponerle freno a los homicidios en Rosario. Aquí también hubo todo un proceso de toma de conciencia: Primero se los llamó ajustes de cuentas entre delincuentes, después se creyó que eran principalmente consecuencia del enfrentamiento de bandas narco, ahora se sabe que hay una espiral de violencia y una cantidad de armas diseminadas por la ciudad que complejizan más aún la determinación del origen de la tasa de homicidios que no para de crecer. Son los "homicidios laterales", los que afectan a personas más por proximidad a los escenarios violentos que por ser protagonistas de ellos. De ahí la idea de que una policía "de pacificación" como en Brasil podría bajar los niveles de respuestas violentas.

Esta semana pasó por Rosario un sacerdote colombiano, Juan Carlos Velázquez Rúa que disertó invitado por la universidad. Escuchar las cosas que negociaban las parroquias con los pandilleros de Medellín, daba escalofríos. Pero es parte de esa realidad, donde por lo menos lo que se busca es que mueran la menor cantidad de menores y de "población civil" como se los llama a los vecinos de estos territorios violentos como si los que están armados fueran un ejército. Es más, el cura admitió que muchas veces se guían por el Tratado de Ginebra para llegar a acuerdos, como si se tratase de una guerra.

Obviamente, el mismo sacerdote explicó que el de Colombia es un caso especial y a su juicio irrepetible en el mundo; pero en Rosario a escala, no sería descabellado pensar en un trabajo de "negociación" o conversación con los violentos de los distintos territorios para que por lo menos no ataquen a balazos a centros de salud, como ha pasado recientemente. Hay quienes se niegan a estas negociaciones, pero es claro que más allá de la persecución lógica que tiene que hacer el Estado de los delincuentes, hay decenas de vecinos e instituciones que conviven todos los días de su vida dentro de ese entorno. El contacto es inevitable, el acompañamiento del Estado a esos vecinos debe ser constante y continuo, de otra manera la espiral de violencia será difícil de detener.

Por eso son tan dañinas las simplificaciones que se hacen en torno de lo que supuestamente se entiende como "garantismo" y se pregona la demagogia de la mano dura. Ya pasó en la Argentina y se está repitiendo en torno al debate por el nuevo Código Penal. A los que piden cárcel y más cárcel se les puede recomendar el informe que el Defensor General de la provincia, Gabriel Ganón, presentó la semana pasada en la Cámara de Diputados de Santa Fe, sobre el estado de detención de los presos. O también se pueden leer los análisis de los referentes de la Coordinadora de Trabajo Carcelario sobre el hacinamiento de los privados de la libertad en las comisarías de Rosario. La cárcel es también un elemento clave de la seguridad, pero no la cantidad de años que se acumulen sino más bien cumplir con las cárceles que establece la Constitución Nacional.

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