Las denuncias del ex intendente Héctor Cavallero, relacionadas con supuestas irregularidades cometidas con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, por el Servicio Público de la Vivienda y el Plan Hábitat, en los últimos años de la gestión Binner y los primeros de Lifschitz, terminaron por derrumbarse en sólo unos pocos días. Y no necesariamente porque los argumentos que esgrimiera el secretario de Gobierno, Juan Carlos Zabalza, en conferencia de prensa, fueran tan abrumadores como para desterrar cualquier sospecha, sino y fundamentalmente por el aislamiento político que sufrieron los dichos del actual titular de la Casa de Santa Fe en Buenos Aires.

Ni Lifschitz, ni Zabalza, ni Binner lograron poner freno a esas denuncias que -parecían- iban a hacer temblar a la férrea administración socialista, en el grado que logró hacerlo Jorge Obeid. Aunque parezca mentira, fue el gobernador el encargado de socavar los dichos amenazantes de Cavallero. Sus declaraciones a la prensa primero y su llamado telefónico al intendente rosarino después.

A eso se sumó que ningún concejal del peronismo o de otro partido de la oposición haya intentado siquiera el menor amago de tramitar -aunque más no fuera- un pedido de informes en el cuerpo. No bastó, por lo tanto, la acción de los diputados del partido de Cavallero en la Cámara de Diputados de la Provincia.

La difusión de una lista de los cobros de particulares y profesionales como asesores, incluidos los montos que cobraban, le dieron espectacularidad al tema. Nunca es sencillo explicar públicamente cómo un abogado asesoró en un plan de viviendas por más de 200 mil dólares. Pero de ahí a que se pueda establecer algún delito, hay un trecho muy grande. Y esa misma publicidad, por parcial e intencionada, constituye la mayoría de las veces un acto injusto. Casi siempre se cuela el nombre de algún inocente. Es más, algunos de los profesionales que mencionó el propio Cavallero con nombres y apellido, que no figuraban en la lista, tuvieron el coraje suficiente como para hacer la debida aclaración a través de la prensa y enviar, inmediatamente, una carta documento al ex intendente para que rectifique o ratifique sus dichos. Habrá secuelas en los tribunales, eso es seguro.

Lo cierto es que los rosarinos entendieron poco de qué se trataba. Se mencionaron los fondos del BID, los supuestos cobros indebidos, cifras millonarias en dólares, fechas y nombres. La denuncia sonaba amplia y grave. Pero antes de que alguien se pusiera a profundizar en el tema, lo que hizo la mayor parte de la opinión pública es analizar al denunciante. Y está claro, Héctor Cavallero no es el mismo que en su momento denunció los mayores desaguisados de la administración local. No es aquel socialista que se erigía en fiscal de la ciudad, que puso entre rejas a ex concejales por el caso Fibraca y que después ganó por primera vez la intendencia para el Partido Socialista Popular.

Ha pasado mucha agua abajo del puente y hoy, para la consideración de la gente, Cavallero es otro. Es alguien que fue cercano al menemismo -no el único en la provincia- pero sí uno de los más notorios. Para ponerlo claramente: Reutemann, por ejemplo, es un típico producto menemista pero no paga los costos por eso. Lo mismo pasa con otros peronistas. Cavallero sí, porque en realidad el cuestionamiento no pasa tanto por su cercanía coyuntural a Carlos Menem, sino más bien por su acercamiento al peronismo en general y su ruptura histórica con el PSP. Ese paso en falso trascendente de Cavallero fue su "condena". El electorado espera determinadas cosas de sus hombres políticos. Es claro que en Rosario no esperaba ni buscaba que Cavallero se aliara con el peronismo alguna vez en su vida. Y esa es un carga política que el ex intendente arrastra a través de los años, tiempo en el tampoco logró ser un dirigente de confianza para el peronismo. La actitud de Obeid esta semana, es una prueba más de ello.