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La vieja denominación "dictadura militar" ya casi no es usada actualmente. Ello es así por cuanto en el período más oscuro y tenebroso de la historia argentina nos encontramos ante la activa operación de un bloque cívico, militar, empresarial y eclesiástico.

A modo de ejemplo podemos referir los casos de aquellos empresarios procesados penalmente por contribuir a desaparecer a sus operarios ( Ej. casos "Blaquier", de Ingenio Ledesma, directivos de Ford y Mercedes Benz), los reclamos económicos en el fuero laboral por detenciones en el lugar de trabajo que se convirtieron en desapariciones y fueron declarados imprescriptibles, la complicidad editorial de diarios (por ejemplo, ordenaron investigar el rol desempeñado por La Nueva Provincia a brindar información respecto de supuestos enfrentamientos militares con presuntos "elementos subversivos" durante la dictadura), pedidos efectivos de procesamiento penal contra empresarios de medios de comunicación por haber implementado campañas de manipulación de la información en connivencia con los planes represivos, procesamientos por extorsión de empresarios y usurpación de bienes, la investigación estatal sobre el caso "Papel Prensa", entre otros.

Los juicios a los autores militares y policiales de la represión ilegal, con todos sus avatares, idas y vueltas, están consolidados. Por ello, encauzados estos a partir de 2003, debe ampliarse la mira y analizar el contexto en el que esos delitos fueron cometidos e ir hacia los cómplices civiles, económicos y eclesiásticos, cuyas contribuciones hicieron posible, tornaron más fácil o mejoraron la eficiencia en la comisión de los delitos de lesa humanidad. Los cómplices económicos son los coautores, socios, instigadores, conspiradores, ejecutores, cómplices y beneficiarios.

En ese sentido, teniendo especialmente en cuenta lo sugerido por Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky en Cuentas Pendientes - Los cómplices económicos de la dictadura (Siglo Veintiuno Editores), el diputado provincial José María Tessa (Nuevo Encuentro), con nuestra colaboración, el 8 de mayo de 2014 presentó el proyecto de ley que finalmente fue aprobado por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe en la sesión del 20 de noviembre de 2014, sin modificaciones.

Como decíamos al comienzo, los casos de Ford Motor, Mercedes Benz, Techint y Acindar (esta última en nuestra provincia, en Villa Constitución particularmente) constituyen ejemplos destacados de la estrecha colaboración que existió entre un conjunto de grandes empresas y las fuerzas militares en la represión de los trabajadores durante la última dictadura.

Ello puede apreciarse en el involucramiento de los cuadros directivos empresarios en el secuestro y la desaparición de los representantes y activistas sindicales. Nos encontramos ante una organización represiva facilitada y ejecutada por los empleadores junto con las fuerzas militares y policiales.

En razón de este accionar las empresas obtuvieron un beneficio económico directo que repercutió en un gran crecimiento durante y luego de la dictadura, completado por la impunidad por su complicidad.

Por ello, con el establecimiento de la Comisión Bicameral Investigadora por la Memoria, la Verdad y la Justicia, entendimos que se podía contribuir al proceso de verdad y memoria en términos de complicidad económica, investigando de manera integral y exponiendo en forma oficial y pública los aspectos salientes de la investigación, identificando a empresas y empresarios y las posibles contribuciones que puedan haber realizado mediante la provisión de bienes o servicios, sus conexiones fácticas con el sostenimiento del régimen y los abusos de derechos humanos cometidos. Finalmente, podría proponer las medidas consecuentes que sería apropiado adoptar.

En el caso de identificar una eventual comisión de delitos, la comisión deberá formular las denuncias correspondientes ante los estrados judiciales, denunciando penalmente a los cómplices, que pueden ser considerados instigadores, coautores, encubridores, etc.

La comisión propuesta, según el proyecto sancionado, deberá contar con las facultades y herramientas necesarias para llevar adelante la tarea investigativa tal como se propone en el art. 4º del proyecto de ley: Solicitar el acceso a la documentación y expedientes administrativos o judiciales; requerir informes a organismos públicos o privados; requerir la declaración de personas, entre otros.

En relación al primero de los puntos, los juicios penales ya realizados y los que están aún en trámite ofrecen una posibilidad para conocer más detalles en torno a los cómplices económicos. Esos juicios podrían proporcionar información sustantiva acerca de cómo los delitos investigados fueron apoyados y facilitados por una trama de complicidades económicas, para ayudar a promover un espectro más amplio de justicia.

Igualmente, resulta importante propiciar que la comisión pueda recurrir al Poder Judicial a fin de remover todo obstáculo arbitrario que se presente a la investigación (por ejemplo si individuos, instituciones o empresas no acataran, de manera arbitraria, sus requerimientos) y, en caso de resultar necesario, requerir el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus fines.

En el caso de identificar una eventual comisión de delitos, deberá formular las denuncias correspondientes ante los estrados judiciales, denunciando penalmente a los cómplices, que pueden ser considerados instigadores, coautores, encubridores, etc.

El proyecto que cuenta con la sanción de diputados ingresó a la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe el 26 de noviembre de 2014, pasando a la comisión de Derechos Humanos de dicha cámara el 1º de diciembre de 2014 y hasta el presente no ha tenido tratamiento con la posibilidad cierta de perder estado parlamentario.

Por las razones que expusiéramos anteriormente, nos parece sustancial el tratamiento en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe puesto que estamos hablando de temas tan graves como la vinculación del Terrorismo de Estado y sus cómplices económicos en esta provincia. Por ello, resulta indispensable que el proyecto no pierda estado parlamentario y se convierta en ley.

(*) Coordinador Mesa Derechos Humanos Nuevo Encuentro