Dos de las siete investigaciones en las que están acusados los inversores farmacéuticos José Antonio y Juan Pablo Iborra (padre e hijo), por cometer delitos para favorecer sus negocios, llegarían a juicio oral y público. Se trata de la tentativa de homicidio contra el abogado penalista Alberto Tortajada, en 2012, que tiene a los Iborra como instigadores; y el crimen del policía Carlos Dolce, en 2013, que fue cometido como corolario de las amenazas a un médico, ordenadas por los farmacéuticos. Así lo pedirá la fiscal Nora Marull esta semana, en la requisitoria de elevación a juicio que prepara a partir de los expedientes que también tiene como acusados a dos sicarios. La figura de los empresarios aparece como "inescindible" para la fiscalía, en los actos cometidos por "ejecutores" a los que encomendaban amenazas, ataques y otros delitos dirigidos contra personas vinculadas con laboratorios, áreas del Ministerio de Salud, farmacias y organizaciones del rubro.

Padre e hijo fueron detenidos en agosto de 2014, por una seguidilla de atentados y amenazas cometidos en espacio de siete meses. José Antonio, 67 años y su hijo, de 39, están acusados de haber "orquestado" los delitos contra al menos siete víctimas específicas, relacionadas con el sector farmacéutico, y un abogado. Ahora, ambos están en prisión domiciliaria por cuestiones de salud.

Dos de esos hechos tienen que ver con el delito de homicidio. A fines de 2012, el abogado Tortajada representaba a una empleada de los Iborra, en una causa laboral, y fue baleado en la puerta de su estudio, frente a Tribunales. En el intento de homicidio aparece Pablo Peralta como autor material; pero los Iborra fueron procesados por la jueza Alejandra Rodenas como autores intelectuales del hecho. Así, la fiscal pedirá que esa causa llegue a juicio oral, en el marco de los delitos contemplados dentro del antiguo sistema penal.

Además, Peralta y otro presunto sicario, Hernán Núñez, fueron enviados a juicio por el homicidio criminis causa del policía Carlos Dolce, a quien atacaron a tiros el 5 de febrero de 2013, luego de amenazar en su consultorio al médico Omar Ulloa (de la cadena Farmavip) para que no abriera una sucursal en la esquina de San Lorenzo y Maipú. Si bien los Iborra no fueron procesados como autores intelectuales del crimen del custodio; sí se les adjudicó la instigación de las amenazas coactivas calificadas. En ese contexto, la fiscal Marull entiende que no se puede escindir la situación de los cuatro implicados en este hecho. Es decir, si los farmacéuticos no hubieran ordenado las amenazas al médico en su consultorio de calle 3 de Febrero al 1000, el policía --que hacía adicionales de seguridad allí-- no hubiera terminado muerto al intentar atrapar a Peralta y Núñez, quienes además le robaron el celular al médico, mientras lo amenazaban.

Otras cinco causas seguirían la vía del juicio escrito. José Antonio y Juan Pablo Iborra fueron procesados como autores intelectuales de la balacera del 24 de agosto de 2012, en la vivienda de la ex jefa de Inspección de Farmacias del Ministerio de Salud provincial; por amenazas y lesiones contra el dueño de la Farmacia Inglesa, de Sarmiento al 600, en enero de 2013; advertencias por correo electrónico a personal del Laboratorio Roemmers, en enero de 2014; y por las amenazas telefónicas a personal del Colegio de Farmacéuticos, que hizo directamente José Antonio.

La pesquisa judicial permitió establecer un mismo modus operandi en las siete causas, ya que aparecen "evidentes las similitudes y reiteraciones" en el accionar de los imputados.

En el fallo de procesamiento, de diciembre de 2014, Rodenas habló de tres generalidades en las siete causas: "El núcleo que constituían los Iborra en la relación con Peralta; y los vínculos objetivos que se evidencian entre los diversos hechos".

Según se pudo probar, José Antonio Iborra era dueño de las farmacias de calle San Juan al 1700; la de Sarmiento 870; otra de San Lorenzo al 1000 y en San Luis al 1000; aunque las tenía a nombre de otras personas; muchos, empleados.

Al hablar de los vínculos de los "autores intelectuales" con las personas que aparecen como "ejecutoras" de los hechos ocurridos, la resolución señala que existen probadas comunicaciones "múltiples, regulares y asiduas" entre Juan Pablo y Peralta. También se apunta a llamadas "permanentes y fluidas" entre padre e hijo, aunque en su declaración Juan Pablo negó tener relación con su progenitor.