En este delicado momento, previo a la asunción formal del nuevo gobierno nacional electo, hay dos aspectos cruciales que debemos mirar articuladamente.

Por un lado, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que obliga a devolver los fondos coparticipables a las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis, teniendo un impacto negativo directo e inmediato sobre los fondos del Anses y, en el largo plazo, abriendo la posibilidad de que el resto de las provincias que no han iniciado litigio hasta el momento, lo hagan. Esto último intenta ser contenido desde el poder ejecutivo mediante la emisión de un Decreto de Necesidad y de Urgencia que anula el descuento del 15 por ciento que se aplicaba hasta ahora a las provincias. Para no desfinanciar el Anses, la presidenta propuso utilizar cubrir ese porcentaje a través de los fondos del tesoro nacional.

Pero retornemos a los efectos inmediatos, ¿qué quiere decir que tendrá efectos negativos directos sobre Anses? Significa que se utilizarán los fondos que, estratégicamente, se han destinado en los últimos años durante el gobierno del Frente para la Victoria, a robustecer el Sistema de Seguridad Social. Significa que se desfinanciarán los fondos que eran utilizados para pagar jubilaciones -con las movilidades bianuales correspondientes-, para pagar la Asignación Universal por Hijo -que, bien vale repetir, no es un plan social sino una ley de asignaciones familiares no contributivas-; para pagar a los jóvenes el Progresar; para asignar los Procrear para construir, comprar o ampliar la casa propia, entre otras medidas que fortalecían el paraguas de la protección social pública.

Ahora bien, estrangular el sistema de seguridades sociales debe ser analizado de manera entroncada y en relación directa con el prematuro pero firme anuncio del futuro o, presente, gobierno de la alianza Cambiemos, acerca de declarar la Emergencia en Seguridad que llevará adelante prioritariamente el Ministerio de Seguridad con la flamante ministra designada Patricia Bullrich.

Poner la piedra fundante que iniciará, por un lado, el desmantelamiento del Sistema de Seguridad Social (cosa que, remarquemos, hizo la CSJN y que no ha ocasionado ningún tipo de reacción desde las organizaciones sociales) y por el otro, declarar la Emergencia en Seguridad no son hechos aislados y deben ser analizados el uno como la contracara del otro.

El primero prioriza, mientras tenga vida y no sea destruido totalmente, un sistema solidario que garantiza y protege las seguridades sociales, crea condiciones para que conjuntamente se pueda manejar el provenir, contar con una jubilación cuando la vejez empobrecida no habilita a trabajar; percibir la AUH cuando no se tiene trabajo en blanco y se necesita percibir este ingreso para comprar zapatillas, ropa, alimentos; financiar la construcción o ampliación de la casa propia con escasísimos intereses, cuestión que los bancos privados no pueden ofrecer; disponer de un ingreso vía el Progresar como adolescente para cumplimentar los estudios, entre otros destinos. Esto significa solidarizar los riesgos que la inseguridad social trae consigo. Porque, ¿qué nos deja más insegurxs, atónitos, solxs, indefensxs y a la intemperie que no tener trabajo, no percibir jubilación, no poder ni siquiera soñar con la casa propia, no contar con ingresos para lo mínimo e indispensable que necesitan nuestrxs hijxs para vivir, sean niñxs o adolescentes?

El segundo, llamado "Emergencia en Seguridad", el que está naciendo, el que ya se asoma, el que ya han anunciado, no por impacientes sino porque hace tiempo que lo tienen preparado, el que llevará adelante Patricia Bullrich, dispone de otras lógicas, hace foco en la individualización y en la propiedad privada, destaca que las seguridades ya no serán colectivas ni sociales, serán individuales, serán personales. La seguridad es entendida a partir de este anuncio como seguridad civil, la que atañe a la seguridad personal y de los bienes, no de todxs por supuesto, sino de aquellxs privilegiadxs que tengan bienes. Un arsenal de policías inundará las ciudades, coordinarán con las Fuerzas Armadas y los enemigxs de siempre, los jóvenes varones y pobres serán, más profundamente, quienes pagarán con su vida la seguridad civil que se pregona. Esto no es nuevo, la novedad reside en que se anuncia, hoy, como política de Estado.

Hace unas semanas, tras el escenario de balotaje entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, decíamos desde el Programa de Estudios sobre Gubernamentalidad y Estado (PEGUES) que resultaba un imperativo fundamental "entender la seguridad como un asunto colectivo, no se trata de un estatus sino de una relación y, por lo tanto, la seguridad se encuentra vinculada a la sociedad, la seguridad es social o no es nada. Por ello, para construir seguridad se debe construir sociedad, protecciones sociales, sistemas de seguridad social (como el Anses), mientras que el PRO propone destruir precisamente eso. Por lo tanto, no hay posibilidad de que el PRO garantice seguridad, por el contrario, garantizará las condiciones para que la seguridad sea un negocio rentable y estas condiciones no son otras que la generación de inseguridades permanentes".

De manera que la CSJN ha comenzado a gobernar, generando las condiciones de gubernamentalidad para la alianza Cambiemos: el desmantelamiento de la seguridad social y un escenario óptimo para el regreso a la capitalización individual. A lxs que queden "afuera" les espera el triste final de caer en las garras de la Ministra de Seguridad, que ha sido designada en su puesto por un gobierno con legitimación popular.

Así es que cuando se recorte y reoriente el presupuesto de la seguridad social será para engrosar el gasto en seguridad pública. ¡A no confundirse! De un lado están los vínculos sociales y del otro el gran negocio de las armas, las cámaras, los patrulleros y, desde luego, la represión a cualquier manifestación de defensa de los derechos sociales que hoy la CSJN pone en jaque haciéndole el trabajo sucio al gobierno de la alianza Cambiemos.

*Programa de Estudios Gubernamentalidad y Estado.
Facultad de Ciencia Política y RRII, UNR.
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