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En un contexto social en el que la desocupación y la inflación han ganado nuevamente los primeros puestos en las preocupaciones de la gente, en la provincia y -particularmente en Rosario- la inseguridad sigue siendo imbatible desde todo punto de vista. También en el ranking de lo que más temen los vecinos. La estadística que publicó esta semana el sitio de noticias Rosario3.com refleja claramente cómo se esta viviendo en la ciudad y el nivel del fracaso de las políticas públicas en la materia: En poco más de un mes, entre julio y agosto, fueron asesinadas 24 personas. Es casi un homicidio diario. Una tasa de criminalidad difícil de alcanzar aún en países o ciudades con altos antecedentes de muertes violentas. Santa Fe sigue teniendo una tasa de 12 asesinatos cada 100 mil habitantes, el doble de la media nacional, el doble que la provincia de Córdoba, por ejemplo.

Es claro que todas esas muertes no pueden ser explicadas en el contexto del narcotráfico, pero sí hay que señalar que ese flagelo fue el que hizo proliferar las armas de fuego en Rosario, un elemento clave en la maquinaria de los homicidios que aún no ha sido debidamente atacado.

También hay que reconocer que presenta muchas dificultades el trabajo con una policía que está totalmente divorciada de la sociedad. Una encuesta de Nueva Comunicación que se conoció la semana pasada, da cuenta de que casi el 70 por ciento de los rosarinos no confía en la fuerza policial. Pero en ese mismo sondeo se revela que casi el 60 por ciento de los consultados sí confía en la Gendarmería Nacional.

En rigor, lo que la gente extraña es ver un uniforme que certifique que alguien está controlando algo en medio de una emergencia como la que tiene Rosario en la materia. Los vecinos probaron lo que era vivir, para las elecciones pasadas, en un barrio en el que había fuerzas federales a toda hora en las calles y la orfandad que significó después el retiro de esos efectivos. A Gendarmería, a Prefectura y a la Policía Federal no les hizo falta probar su profesionalismo o su transparencia a la hora de actuar en las calles de la ciudad; con la sola presencia superó con creces a la policía santafesina. Una fuerza provincial corrompida hasta la médula pero también de una inmensa ineficacia y poco dotada de equipamiento y miembros como para desplegar.

¿Cómo es posible que un nuevo jefe de policía de la ciudad denuncie que le faltan unos 80 patrulleros más para cubrir todas las zonas, y que el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro lo admita; cuando el presupuesto provincial para la materia no paró de crecer? Si es una cuestión de dinero debería solucionarse rápidamente. ¿Qué tema es más urgente a que dejen de matar gente en las calles?

El problema de la seguridad es sumamente complejo, de eso no hay dudas. Pero aquí lo que se observa es que no se cumple con los parámetros más simples. No se logra combatir la inseguridad sólo con más policías, pero tampoco se puede avanzar demasiado con cada vez menos policías. Los uniformados no se ven en Rosario. Eso lo dicen los taxistas, los colectiveros, el personal de Salud Pública, los repartidores de distintos productos, los vecinos en general. No hay un complot generalizado contra el gobierno. Es una realidad palpable que ahora terminan de reconocer el Jefe de Policía y el ministro del área.

Ya no se trata del más elaborado plan integral de seguridad para aplicar en el territorio. Se trata, antes que nada, de parar la matanza. De poner un freno a tanta violencia cotidiana, de generar una sensación de confianza en la gente, de enviar un mensaje a los delincuentes. Como dijo el ministro Pullaro en estos días: Los que tienen responsabilidad en el tema tienen que "dejar de hacernos los boludos". El ministro dirigía sus críticas a la justicia pero también sonó clara la autocrítica.

Ahora le apuntan a los jueces

Es cierto que es muy difícil entender, por ejemplo, por qué una jueza le da 13 años de pena a un joven que mató a su novia de 16 años de un balazo en la cabeza a la salida de un colegio. De esos 13 años el joven tuvo buena conducta y por otras resoluciones cumplió no más de 6 años. A casi diez años de ese hecho, el joven que ahora tiene más de 30 está nuevamente detenido acusado de ser el que ordenó el asesinato de Fabricio Zulatto, tirado en un pozo en un descampado de Empalme Graneros.

Pero también es cierto que el Ejecutivo provincial decidió desde hace un tiempo y ante la impotencia que le genera la multiplicación de crímenes; apuntar sus críticas a la justicia. Lo hizo el gobernador Miguel Lifschitz en alguna oportunidad, lo reiteró su ministro de Justicia Ricardo Silberstein y ahora casi lo gritó el ministro Pullaro.

El titular de la cartera de Seguridad hasta llegó a comparar el caso de las mochileras mendocinas violadas y asesinadas en Ecuador, donde a los criminales le dieron una pena de 40 años. Esa es una condena que no existe en el Código Penal argentino que contempla para el homicidio penas que van de los 8 a los 25 años.

Sería inútil y hasta peligroso volver a sumergirse en el debate de las leyes más duras y de los supuestos jueces garantistas. Es una discusión que ya pasó en Argentina y que no arrojó ningún saldo positivo, salvo un enchastre jurídico derivado de la demagogia que generó en la clase política el caso de Axel Blumberg y las marchas multitudinarias organizadas por su padre.

Desde el otro lado, algunos jueces y hasta miembros de la Corte Suprema creen que el Ejecutivo provincial los arrastra definitivamente a compartir los fracasos y que hasta utiliza para tal fin falsos datos que les provee la propia policía. Un ejemplo son la cifras que se dieron a conocer a principios de este año referidas al periodo 204-2015, donde se afirmaba que unos 900 presos santafesinos habían obtenido el beneficio de las salidas transitorias. De esos, solo la mitad había vuelto a la cárcel voluntariamente y de la otra mitad, el 50 por ciento habían sido recapturados cuando cometían otros delitos y el resto aún vaga en libertad por la provincia, por supuesto, también cometiendo otros delitos. Fuentes de los tribunales dudan de estos números y huelen todo tipo de operaciones detrás de su difusión pública.

También es cierto que los jueces y las tareas que cumplen no son muy conocidos. Esto les da una pátina de protección a la hora de recibir las críticas por la inseguridad. Una protección que no tienen el ministro de Seguridad ni el gobernador, ni los jefes policiales. Pero sería imposible explicar la altísima tasa de homicidios sólo a través de los reincidentes supuestamente mal penados por el sistema judicial provincial.

Por estos días también vale recordar algo que decía en privado la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando la criticaban porque no hablaba de la inseguridad. "Vos podés hablar todo lo que quieras de la inseguridad y los planes que tenés para enfrentarla, pero a la tarde te matan a una nena en un asalto y todo se va al tacho", decía. Esto le pasó en la semana a un policía de alto rango que a las 7 de la mañana decía en una radio de Rosario que habían bajado los homicidios en los asaltos y a la hora se conoció el asesinato de un hombre de 74 años baleado en un robo en su domicilio de Avellaneda al 1900.