Apoyamos en general el proyecto que deroga la nefasta Ley de Federal de Educación y fija un punto de partida (modesto, pero punto de partida al fin) para iniciar la reunificación del Sistema Educativo Nacional.

Sin embargo, en el tratamiento en particular propusimos alternativas en aquellos puntos en los que el proyecto de Ley es defectuoso y el escaso tiempo dedicado al debate parlamentario y la ausencia de voluntad de diálogo han impedido mejorar.

Es indispensable abocarse en serio a la disminución de las desigualdades en el acceso, la permanencia y el egreso del sistema educativo; además la desigualdad educativa se expresa también en profundas diferencias en relación con la experiencia escolar: las condiciones de trabajo, las actividades de enseñanza, la experiencia cotidiana de la vida en la escuela es muy diferente entre las escuelas que atienden a los sectores altos y medios de la población y las que atienden a los sectores populares. Sin políticas sociales universales que integren de manera solidaria y efectiva a todos los habitantes del país, el peso de la desigualdad social va seguir condicionando las posibilidades de educarse de una parte importante de los niños y niñas de la Argentina.

Compartimos la definición del proyecto oficial según la cual "la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social"; como así también la prohibición de suscribir tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir a la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública". Pero, desde el socialismo se rechaza la ausencia de definiciones que garanticen la laicidad de la educación en las escuelas del Estado. Esta es una de las herencias de la Ley Federal de Educación que el proyecto en discusión no ha modificado.

No definir de manera taxativa el carácter laico de la educación brindada por las escuelas del Estado es permitir que en muchas escuelas estatales del país se continúe enseñando religión. Algunas provincias en las que se enseña religión en las escuelas públicas han definido eso en sus constituciones o en sus leyes de educación. Solo una definición taxativa en la Ley Nacional de Educación puede evitar que esa situación que discrimina cotidianamente a miles de niños en todo el país se revierta.

Resulta necesario promover una educación articulada en torno a valores universales y laicos, y a una sólida y actualizada enseñanza científica.

* Diputada nacional Bloque Socialista