La intervención del gobernador Hermes Binner ante el gobierno nacional, y las gestiones de su ministro de Producción Juan José Bertero; que posibilitaron esta semana destrabar el conflicto entre la Nación y los productores lácteos (principalmente en la provincia de Santa Fe), abrieron un camino de diálogo que sin embargo necesitará ser reforzado en un marco más firme, entienden los especialistas. En ese sentido, la diputada nacional del ARI por Santa Fe, Susana García impulsó un proyecto en la Cámara baja para forzar al Ejecutivo a que fije políticas publicas claras y justas para éste y otros sectores del campo.

La legisladora sostiene que "sin políticas de Estado para el sector ganadero, ni políticas concertadas con la totalidad de los sujetos de la cadena láctea, la Secretaría de Comercio ha implementado medidas discrecionales -tomadas sin estudios serios de impacto sobre el sector, ni tener en cuenta la complejidad del entramado de la cadena láctea y analizar la distribución de la renta en forma equitativa entre todos los diferentes sujetos del sector, a los efectos de que la intervención del Estado se realice para morigerar la brecha de desigualdades- pueden generar, en el mediano plazo, un desplazamiento de los pequeños y medianos productores lecheros hacia la agricultura, concentrando el sector de la producción lechera en aquellos que tienen mayor capacidad económica para absorber riesgos y costos".

En los fundamentos del proyecto se destaca que existen en el país alrededor de 14.000 tambos de los cuales, el 70% se concentra en Córdoba y Santa Fe, cuya organización y representación es más dispersa que la del sector industrial, en el cual alrededor de 10 empresas concentran la recepción del 55% de la leche. Más concentrada aún se encuentra la cadena de distribución habiendo, éstas últimas, incrementado notablemente su poder de negociación en la cadena de valor.

Para García "es tan erróneo pensar que el mercado por si solo va a actuar como un mecanismo adecuado de establecimiento de precios y distribuidor de los ingresos, como es erróneo el pensamiento del Gobierno que pretende que las crisis frecuentes y conflictos entre los principales actores del Sistema Lechero Argentino deben ser soportadas por los sectores con menor capacidad de negociación en la cadena de valor. En definitiva, es el Gobierno el que impone o reafirma las reglas del mercado sin definir Políticas de Estado".

Por eso le solicitó al Ejecutivo que responda sobre "cuáles son los estudios realizados por el Estado Nacional sobre el funcionamiento de la cadena láctea y la forma y porcentajes de distribución de la renta del sector entre los distintos actores de la cadena y hacia el interior de cada uno de los eslabones que la componen". Y también, "qué mecanismos de concertación se han implementado para determinar, con todos los integrantes de la cadena láctea incluido los sectores representantes de los consumidores, cómo debe distribuirse la renta lechera en forma equitativa entre todos los componentes de la cadena", entre otras cuestiones.