Tras haberle negado a un particular el permiso de demolición de una vivienda, en un intento por preservar un inmueble que consideraba de valor arquitectónico para la ciudad, la Municipalidad tuvo que autorizar finalmente su destrucción a instancias de un fallo de la Justicia rosarina. La jueza Susana Silvia Gueiler declaró nula una resolución de la Secretaría de Planeamiento que había impedido demoler dos casas ubicadas en San Lorenzo al 2000 por entender que al no estar incluidas en el catálogo de preservación, la sola opinión de un grupo de funcionarios suponía lesionar el derecho a disponer de la propiedad. Los abogados del demandante anticiparon a Rosario/12 que no descartan entablar una demanda por daños y perjuicios al municipio por haber paralizado las obras alrededor de seis meses. A raíz de esta decisión judicial, el edil radical Jorge Boasso pidió al Ejecutivo que envíe al Concejo un informe sobre reclamos judiciales interpuestas contra la Municipalidad por denegatoria de permisos de obras o demoliciones.

El propio Boasso aclaró a Rosario/12 que está a favor de "preservar determinados inmuebles por el valor arquitectónico y cultural que tienen para la ciudad. Pero hay que hacerlo bien, imitando a las ciudades serias del mundo que cuando imponen un criterio preservacionista, al dueño del inmueble le dan un subsidio mediante un fondo compensador. De lo contrario las buenas intenciones nos llevan a una encerrona donde se vulnera el derecho a decidir sobre la propiedad".

El fallo judicial adverso el municipio emitido por la jueza Gueiler (Civil y Comercial de la Nº 18 Nominación) se originó a raíz de la presentación de un particular -el arquitecto Andrés Pascual- quien pretendía demoler la estructura existente y avanzar en la construcción de edificios. En el recurso de amparo presentado ante la Justicia, los abogados del demandante hicieron hincapié en las resoluciones contradictorias de distintas reparticiones municipales; mientras algunas dieron el visto bueno para iniciar las obras, otras la rechazaron.

Así, pese a que la Dirección General de Obras Particulares había resuelto que el proyecto de obra se ajustaba a la reglamentación vigente, la Secretaría de Planeamiento no autorizó la demolición a instancias de un dictamen de la oficina de Preservación y Rehabilitación de Patrimonio que tras reconocer "expresamente que los inmuebles no se encuentran catalogados por la ordenanza 7156/01" donde se mencionan los bienes a proteger aclara que "constituyen una jerarquización tipológica interesante, con casa interna y pasillo central y el proyecto presentado por los profesionales arquitectos Pascual y Masera, no ofrece una propuesta urbana a nuestro juicio adecuada".

Consultado por Rosario/12, el titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la municipalidad, Aldo Gómez explicó que el inmueble en cuestión, pese a no estar en el catálogo mencionado, había sido clasificado de "interés de preservación" por el municipio. El funcionario fue más allá y reconoció que ante casos similares "el municipio no cuenta con todas las herramientas legales como para imponer su criterio. Es necesario avanzar en la sanción de leyes a nivel provincial y nacional que regulen el tema de forma clara y contundente".

Desde el estudio jurídico Belfer, que patrocinó al demandante para lograr la demolición de las casas ubicadas en calle San Lorenzo 2042 y 2050, se argumentó que la "decisión de la Municipalidad de Rosario, impidiendo usar, gozar y disponer de la propiedad sin invocar disposición legal alguna y basada exclusivamente en la opinión de los funcionarios actuantes es arbitraria e ilegal, lesionando y restringiendo derechos reconocidos por la Constitución Nacional, la provincial y el Código Civil".

El abogado Jaime Belfer no descartó que su representado entable ahora una demanda contra el Estado municipal por los daños y perjuicios generados a raíz de la paralización de la obra. "Fueron cerca de seis meses", apuntó.

Durante la sesión del 27 de septiembre pasado, Boasso presentó en el recinto un proyecto para que el Ejecutivo remita al Palacio Vasallo toda la información de esta causa -donde el municipio debe pagar las costas y cuya resolución ya fue apelada- y de otros reclamos vinculados sobre reclamos judiciales interpuestas contra la Municipalidad por denegatoria de permisos de obras o demoliciones.