La Cámara de Empresarios del Transporte Multimodal de Pasajeros (Cetramp) decidió ayer, unilateralmente y sin autorización de la provincia, remarcar un 20 por ciento las tarifas. Los empresarios del transporte interurbano se ampararon en el conocimiento de una inminente firma de un decreto por parte del gobernador Jorge Obeid para llevar adelante la medida. A pesar de las amenazas sobre la aplicación de "multas" a las empresas, motorizadas por la subsecretaría provincial de Transporte; del pedido "urgente" al Ejecutivo por parte de la Defensoría del Pueblo de la provincia, que actuó de oficio, para impedir el aumento, y el "no pagar" impulsado por la oficina municipal de Defensa al Consumidor, la mayoría de los pasajeros tuvo que viajar pagando el aumento y masticando la bronca ante un nuevo atropello.

El aumento dispuesto ayer por la Cetramp afecta a todas las líneas de transporte que circulan por la provincia en recorridos de media distancia. El último ajuste había sido del 7,5 por ciento en julio de este año. A partir de allí, el gobierno provincial se comprometió a revisar la tarifa en tres etapas; los empresarios, de manera unilateral, optaron por saltearlas y remarcó la tarifa en un 20 por ciento.

En una recorrida que efectuó Rosario/12 ayer por la tarde en la Terminal de Omnibus Mariano Moreno, se pudieron constatar los aumentos. Viajar a Santa Fe, por la empresa Tata Rápido, costaba hasta el martes, 20 pesos; ayer, 24. La empresa Güemes cobraba su servicio a Rafaela 26 pesos; 31,20 con el aumento. Mientras que el viaje a Casilda, por Monticas, que costaba 5 pesos, pasó a costar 6.

Exceptuando los gritos de "ladrones" propinados por una señora mayor al boletero de la empresa Monticas, la mayoría de los pasajeros, en gran parte estudiantes, pagaba sin oponer resistencia, y no se divisaba la presencia de ningún inspector o funcionario que impidiera vender los boletos al precio del martes, labrando actas, o cobrando multas; atendiendo las ordenes impartidas por el titular de la cartera de Transporte provincial, Marcelo Sheil, quien así lo había anticipado en declaraciones efectuadas por la mañana.

En tanto, el presidente de la Cetramp, Alcides Carraro, justificó el aumento para poder hacer frente a "los altos costos de los insumos, al pago de salarios y al precio del gasoil". Además, el empresario se quejó por "la falta de respuestas del gobierno provincial porque ha subsidiado líneas aéreas pero no le interesa el transporte de pasajeros".

Sheil había señalado que de autorizarse el aumento, no debía ser superior al 10 por ciento. En ese sentido, Carrario dejó una puerta abierta al indicar que si el gobernador firmara un aumento de ese monto antes de irse, la Cetramp podría reveer la medida y bajar el ajuste.

El Defensor del Pueblo de la provincia, Carlos Bermúdez, actuó de oficio y reclamó que la subsecretaría de Transporte "adopte las medidas a fin de evitar la concreción del anunciado aumento tarifario unilateral para el servicio de corta, media y larga distancia del transporte interurbano automotor, sin la autorización legal que corresponde".

Según Bermúdez, "una medida de esa naturaleza afectaría los derechos colectivos de los habitantes de la provincia de Santa Fe, dado que es un servicio esencial, del que dependen muchas actividades cotidianas de un sinnúmero de ciudadanos". El ombusman agregó que es "muy grave que una corporación empresaria adopte una medida de alcance general y con incidencia directa en los derechos de los usuarios, en forma unilateral y prescindiendo de la autorización que debe emitirse por parte de la autoridad de aplicación en la materia".

Por su parte, la Red Argentina de Consumidores pidió a la subsecretaría de Transporte de Santa Fe que aplique una fuerte sanción a las empresas que no cumplan con el cuadro tarifario vigente, y que las obligue a cumplir con la normativa vigente que dispone que las mismas deben practicar los descuentos correspondientes a estudiantes, con la sola presentación del DNI y del Certificado de Alumno Regular, ya que algunas empresas no efectivizan el beneficio a aquellos alumnos que no poseen el carnet que otorgan las propias empresas de transporte.

Christian Galindo responsable de la Red de Consumidores, manifestó que "si el valor de los pasajes excede el tope autorizado, estaremos frente a un precedente muy preocupante, ya que se trata de un servicio público regulado por el Estado provincial, por lo que la autoridad de aplicación debería aplicar severas sanciones. Esta medida unilateral por parte del empresariado, también atenta contra el derecho a la información que le asiste a los usuarios, ya que esta suba de tarifas se le notificaba al momento de pagar sus boletos en el propio coche".