Mientras la jueza de Faltas Liliana Puccio resolvió ayer archivar las actuaciones iniciadas por la comisaría 2ª sobre el acampe en la Plaza San Martín, el fiscal Ismael Manfrín pidió la intervención del juez Correccional de la 10ª Nominación, Daniel Acosta, debido a la denuncia penal que un vecino radicó a través de la Fiscalía. Puccio avaló su dictamen señalando que las personas que están realizando el acampe están amparadas "por el derecho constitucional a reclamar", y que "el esporádico corte vehicular de la calle Santa Fe no constituye dolo por cuanto se mantienen despejadas calles alternativas al tránsito".

Manfrín, en cambio, entiende que la justicia debe avanzar con las actuaciones tendientes a levantar la medida de fuerza que lleva 18 días. Las organizaciones sociales y los representantes de los tres gobiernos nacional, provincial y municipal decidieron pasar ayer a un nuevo cuarto intermedio para hoy a las 15, en la mediación que realiza desde el lunes la Defensoría del Pueblo de Santa Fe.

Las actuaciones judiciales fueron contrapuestas. Puccio recibió las actuaciones del juzgado Correccional de la 7° Nominación, donde se presentó originariamente el informe policial de la Comisaría 2ª. El titular de ese juzgado, Juan Carlos Curto, también había decidido archivar lo actuado por inexistencia de delito (art. 200 del Código Procesal Penal), remitiendo la causa al juzgado de Faltas en turno. En ese caso, la jueza consideró que el reclamo social es legítimo, y que no lesiona el interés público, sino que se encuadra en el derecho a reclamar.

Consultado por Rosario/12, Manfrín relató que solicitó medidas para evaluar la situación en la plaza San Martín, al elevar la denuncia de un abogado que reside en la zona al juzgado Correccional de la 10ª Nominación. Según el fiscal, "si bien podría haber una apariencia de delito por el corte de la calle, no por la ocupación en la plaza; el sentido común nos indica que esto es consecuencia de un reclamo social en el cual se están manejando otros poderes que están intermediando".

Manfrín, que solicitó el desalojo del piquete que vecinos de Nuevo Alberdi habían realizado el año pasado en Avenida de Circunvalación; señaló que en esa oportunidad, cuando se presentó personal policial, "la gente, que no era mucha, se fue enseguida y no hubo necesidad de emplear ninguna clase de fuerza".

El fiscal sostuvo que se "podría llegar a pedir el desalojo de los vecinos que mantienen el acampe en la plaza San Martín", aunque entiende que "hay que medir un poco las cosas. Se ha escrito mucho sobre la comisión de delito a consecuencia de reclamos sociales. Desde Zaffaroni, que piensa que no lo es; hasta otras personas menos conocidas que piensan lo contrario. Por eso vamos a ver cómo se desarrollan las cosas".

El fiscal explicó que todavía no solicitó que se instruya sumario. "He pedido diligencias previas, para que me informen algunas cosas. Hay criterios en los cuales expresan que el corte de la calle no es delito, porque se puede llegar al mismo lugar a través de otras arterias. Pero si uno se atiene a la letra del artículo 194 del código penal, habla de entorpecimiento; o de alguna clase de complicación para los medios de transporte. El corte de una calle indudablemente lo es, más si se mantiene durante varios días", precisó.

En tanto, los representantes de las agrupaciones sociales que acampan en la plaza, las vecinales y los funcionarios municipales, provinciales y nacionales que participan en la mediación que desde el lunes realiza la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, solicitaron, de común acuerdo, que el proceso pase a un nuevo cuarto intermedio hasta hoy a las 15.