Los querellantes y testigos de la causas de terrorismo de Estado lograron consensuar finalmente el controvertido Programa de Protección de Testigos que provocó la salida del cargo de la secretaria de Derechos Humanos provincial, María Bressa. En este caso fue su sucesora, Rosa Acosta quien llevó adelante la discusión junto a Oscar Blando. Después de esa conversación llegaron a un acuerdo con los organismos rosarinos. La reunión se replicó ayer en la ciudad de Santa Fe.

Mientras el concejal Juan Rivero, querellante en la causa de la Fábrica de Armas, ponderó que se hayan tomado en cuenta los planteos de las víctimas, que cuestionaron la equiparación de testigos e imputados. "Si bien estaban escritos en forma potencial, se eliminaron", dijo Rivero.

La misma percepción tuvo otra de las querellantes, en este caso de la Quinta de Funes. Cecilia Nazábal consideró la reunión con Acosta "mucho más interesante" y opinó que la actual funcionaria tuvo una actitud muy distinta a la de Bressa. "Hubo posibilidades de escuchar y el proyecto es más consistente. Al menos en las palabras, vamos a ver en los hechos", apuntó Nazábal. La querellante subrayó que le interesan "las medidas positivas, que no dependen de la Secretaría de Derechos Humanos". Esos puntos, como la detención de prófugos, serán reclamados al ministro de Seguridad, Daniel Cuenca. "El Estado tiene que buscarlos, encontrarlos y apresarlos. Si esto ocurriera, no habría pasado un caso gravísimo como el de Jorge Julio López", indicó.

Tras definir algunos retoques y reformulaciones, los querellantes rosarinos respiraron aliviados por el tenor del programa. "Afortunadamente se cambiaron muchos de los puntos que se venían criticando, y quedaban un poco soslayados dentro de los fundamentos, donde se hablaba de la ley antiterrorista. Nuestro planteo era contrario a esa formulación", observó Laura Ferrer. Y fue más allá, al indicar que "si no hay respuesta, o compenetración de las autoridades, sobre la importancia de los juicios por el terrorismo de Estado, por más que esté escrito en el papel, no habrá avances significativos". Como sus compañeros, Ferrer manifestó su preocupación por las declaraciones no sólo de Bressa, sino también del ministro de Justicia, Héctor Superti y el gobernador, Hermes Binner. "Es una manifestación de la teoría de los dos demonios", apuntó la militante, quien pidió que el Estado se constituya también como querellante, para darle contundencia a los procesos.

Por su parte, Marta Bertolino, querellante de la causa Feced, expresó: "Hay mucha preocupación por las alternativas de los últimos meses. Fui muy crítica de cómo se fue desarrollando todo esto, no se convocó a los testigos, también nos preocuparon mucho las nefastas expresiones de María Bressa y sobre todo, nos preocupó mucho lo que manifestó el gobernador, por la concepción que se trasluce y lo que como gobernador está volcando".