En una sesión autoconvocada, el Concejo Municipal aprobó ayer por mayoría reglamentaria -17 votos a favor y dos en contra- una ordenanza con nuevas medidas de seguridad para los taxis. El proyecto fue elaborado por una comisión ad hoc (ver aparte) que se constituyó para analizar la problemática. Los taxis deberán contar con módulos de GPS y GPRS, micrófonos ambientales y cámara fotográfica. Para garantizar la seguridad de los taxistas los vehículos tendrán, en forma provisoria, una barrera de protección física de acuerdo a lo que reglamente el Ejecutivo. Las barreras antibalas serán de aplicación obligatoria para todos aquellos vehículos que se renueven a partir del 1º de enero de 2010. "Esta ordenanza no tiene baches, tiene cráteres; no sé cómo la van a implementar. Todo lo que se hace de apuro se hace mal. Nada más y nada menos que en una autoconvocada, y no habiéndose discutido en comisiones", se quejó el concejal Jorge Boasso, quien junto a Alfredo Curi votaron en contra. Las unidades afectadas al servico nocturno tendrán que implementarla en 90 días; mientras que para el resto de las unidades habrá un plazo máximo de 180 días.

El proyecto refiere que las unidades del sistema de taxis deberán estar "asociadas a un servicio de monitoreo debidamente habilitado por la municipalidad, debiendo además instalar sobre la unidad el sistema de localización automática de vehículos, con módulos de GPS y GPRS; botón de pánico; consola de datos y pantalla de comunicación que posibilite la interacción del conductor con el sistema de despacho y emergencia; micrófono ambiental que permita captar la conversación en el habitáculo del vehículo, y cámara fotográfica con capacidad para tomar exposiciones con baja intensidad de luz".

En este punto, el concejal Boasso señaló a Rosario/12 que "para solicitar la transparencia de la incorporación de los sistemas hay que realizar una licitación pública nacional e internacional; donde además se gana precio por la escala económica".

En relación al blíndex, una medida de seguridad largamenta solicitada por los choferes, el proyecto establece que los taxis" deberán instalar una barrera de protección física de acuerdo a lo que reglamente el DEM". La ordenanza destaca que luego de realizar los estudios de resistencia balística y las respectivas pruebas en los organismos oficiales, "se procederá a analizar la factibilidad de implementación en las unidades que actualmente prestan el servicio". Las barreras antibalas serán de "aplicación obligatoria para todos aquellos vehículos que se renueven a partir del 01 de enero de 2010".

Este artículo también fue duramente cuestionado por Boasso, al indicar que "lo primero que hay que hacer es proteger la espalda del que conduce; teniendo en cuenta que el 90 por ciento de los ataques se producen por atrás". El concejal radical señaló que luego de aprobarse la ordenanza mantuvo una conversación con Horacio Boix, titular del sindicato de peones de taxis, quien le manifestó "su descontento" por el proyecto.

Otro de los artículos refiere a la implementación de sistema de pagos alternativos. Pero para ello habrá que esperar lo que ocurra con la implementación del sistema de tarjeta sin contacto en el sistema de transporte urbano de pasajeros. La ordenanza indica que el DEM emitirá un informe de "sus bondades, debilidades, efectividad y costo, con el objeto de evaluar su viabilidad en el sistema de taxis por parte de la Comisión". Hasta tanto se resuelva la viabilidad, los titulares de licencias de taxi podrán, alternativamente, "instrumentar medios electrónicos de pago vía postnet inalámbricos, tarjetas de débito o crédito".

Boasso criticó además los artículos 1º y 2º de la ordenanza, que serán de "aplicación voluntaria para los titulares de licencias de taxi que al momento de la sanción no contaren con choferes en relación de dependencia. En caso de incorporar choferes con posterioridad a esa fecha, deberán cumplimentar con todos los artículos de la presente ordenanza".

Como todo tiene un costo, la ordenanza encomienda al DEM que "solicite al Banco Municipal la evaluación de alternativas de financiamiento para la incorporación de las nuevas medidas de seguridad dispuestas; y la realización de una campaña de educación y difusión".