La Coordinadora de Trabajo Carcelario presentó ayer un duro informe sobre la situación de los adolescentes privados de la libertad en el Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (IRAR). En el documento se apunta que "el Servicio Penitenciario sigue a cargo del IRAR en contra de lo que la propia Corte Suprema provincial había ordenado al Poder Ejecutivo". Para la CTC, "las condiciones de detención han recrudecido en sus aspectos más negativos mientras no hay políticas planificadas de contención y seguimiento para quienes recuperaron su libertad". La Ong recordó que tal como lo denunció en 2007 ante la CIDH la permanencia del Servicio Penitenciario motivó un "recrudecimiento de denuncias sobre abuso de poder, torturas psicológicas; encierro por tiempo indeterminado; falta de respeto al horario de la visita; incumplimiento de los horarios de patio, la falta de atención médica, golpizas, amenazas verbales". A estas denuncias se agregaron "la venta de estupefacientes a cambio de zapatillas y objetos de valor, estimulando el robo entre los mismos jóvenes".

El documento de la CTC, que lleva las firmas de Lilian Echegoy, Carmen Maidagan, Natalia Moyano, Víctor Zapata y Nora Giavedoni, reconoce que "las nuevas autoridades del área asumieron en el mes de mayo, cinco meses después que asumiera el nuevo gobierno, 'retraso' que suponía un período de planificación y preparación. De este modo, el 'cambio de paradigma' derivó en una merma de los niños encerrados en este dispositivo llamado IRAR, consecuencia de exigir al sistema judicial el cumplimiento de las normas vigentes, a partir de esta medida dejó de ser una constante la presencia de menores de 16 años en el IRAR".

"Sin embargo -agrega- estas decisiones 'jurídicas' no fueron acompañadas con acciones y prácticas que demuestren un interés mínimo por la vida de los niños que continúan dentro del instituto. Esto queda corroborado por varios intentos de suicidio ocurridos hace dos semanas". Y si bien reconoce que "el número de chicos detenidos es menor a treinta, las condiciones de detención han recrudecido en sus aspectos más negativos".

Para la CTC uno de los problemas más graves es que "la institución está en manos del Servicio Penitenciario Provincial quien no solo se ocupa de la seguridad y los traslados, sino que además maneja desayuno, almuerzo, merienda y cena; salidas a los patios; trato con las familias; uso del teléfono, en resumen controla la cotidianeidad del establecimiento en todos sus aspectos. Hechos que como expusiéramos más arriba agrava la situación que motivara nuestra denuncia ante la CIDH".

Por si fuera poco "los funcionarios de turno tomaron algunas medidas coactivas de la intimidad para resolver problemas de naturaleza profunda: así les prohibieron hablar por teléfono con los familiares en privado, teniéndolo que hacer delante de un agente del Servicio Penitenciario, argumentando que los menores 'piden droga por teléfono a los familiares' se les prohíbe tener maquinitas de afeitar porque con ellas 'se cortan'".

En el documento merece un párrafo aparte "la corrupción que reina en el lugar, por omisión, desidia o conveniencia. En general las comunicaciones con los funcionarios consisten en temas cotidianos y de resolución urgente tales como: la existencia de ratas, la falta de vidrios, las porciones de la comida y las pelotas de fútbol".

"En definitiva -dice la CTC- hasta el momento vemos por un lado, algunos avances en el terreno 'jurídico' y en las actividades desarrolladas por los talleristas en horario matinal y por otro lado serios retrocesos en cuestiones que tienen que ver con la aplicación de las medidas 'jurídicas' es decir el desarrollo de la presunta rehabilitación de los jóvenes. En este sentido el 'proyecto' de la nueva administración se limita a medidas 'parches' o 'mediáticas'".