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Legisladores santafesinos que integran tanto el Frente Progresista Cívico y Social como el Frente para la Victoria, ponen por delante sus prejuicios y argumentos mucho más que endebles, cuando se niegan a derogar los artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas de la provincia que penalizan la prostitución callejera, el travestismo y la ofensa al pudor. Esas negativas favorecen el proxenetismo y la explotación de las trabajadoras sexuales en espacios cerrados, casas regenteadas donde deben estar muchísimas horas y por supuesto entregar la mitad o más del dinero que reúnen. Dos legisladoras, Lucrecia Aranda, del Partido Socialista, y Alicia Gutiérrez del SI (Solidaridad e Igualdad), ambas con proyectos presentados para la derogación, analizan la situación en la Legislatura donde en el 2008, por primera vez, las propuestas se unificaron y tuvieron despacho favorable de la Comisión de Derechos y Garantías que preside la diputada de la UCR, Mónica Peralta. De todos modos cuando llegó a la Comisión de Asuntos Constituciones no se produjo el acuerdo y terminó el período de las sesiones ordinarias sin aprobación. Desde lo ideológico aparece la idea de la mujer "mala" y "pecadora" asociada a la prostitución y algunos legisladores piensan que esa anulación de artículos equivaldría a no dejar explícita esta concepción.

Aranda recordó que Sandra Cabrera, quien fue la secretaria general de las meretrices, asesinada cinco años atrás, la había visitado en su oficina del Area del la Mujer de la Municipalidad de Rosario cuando todavía ella era titular de ese espacio municipal. Fue entonces que el hoy presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Di Pollina, quien a pedido de la asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina﷓Rosario y de Cabrera en particular, presentó el primer proyecto sobre la derogación de los artículos que penalizan la prostitución callejera, el travestismo y la ofensa al pudor.

Allí comenzó el trayecto nunca concluido, ya que las propuestas presentada por legisladores de distinta extracción partidaria coinciden en la derogación de los artículos 83, 87 y 93 de La ley 10.703 (Código de Faltas) pero nunca se llegó a la discusión en el recinto. Entre esos proyectos está el de la diputada Gutiérrez, que llevó la que había sido la iniciativa del entonces bloque del ARI integrado también por Antonio Riestra y Verónica Benas, hoy legisladora nacional y autora de la iniciativa. El proyecto de Aranda que fue acompañado con la firma de los socialistas Nidia Goncerbat, María Fregoni, Inés Bertero, Sergio Liberati, Raúl Lamberto, Mario Drisum y Di Pollina, fue tratado en Derechos y Garantías junto al de Gutiérrez y a otro de la ex legisladora por el Partido del Progreso Social, Miriam Benítez.

De ese tratamiento surgió el texto del despacho que habla de la derogación de los artículos citados, pero a la vez de la anulación del inciso K de la Ley Orgánica de la policía de la provincia. Este último se refiere a las potestades otorgadas a la policía acerca de la posibilidad de velar por las "buenas costumbres" en cuanto a aquéllas que puedan producir escándalo público ﷓es la policía la que define qué es ese escándalo público﷓ y surgió del proyecto presentado por Gutiérrez cuyos fundamentos habían sido elaborados por quienes cursaban la Maestría de Género de la Universidad Nacional de Rosario.

El bloque socialista no dejó de presentar iniciativas sobre el tema desde aquella iniciativa de Di Pollina. Luego con el proyecto del nuevo código elaborado por la Comisión de Reforma Integral de la Justicia se habían introducido algunos cambios a los que AMMAR rechazó porque no garantizaban el fin de la persecución policial y la estigmatización de las personas en situación de prostitución. "Comparto que no puede haber un punto intermedio, el criterio de la derogación no es negociable", dijo Aranda este diario.

Si bien el año pasado se llegó al despacho de la Comisión de Derechos y Garantías, la falta de acompañamiento sigue por parte de integrantes de ambos bloques. Aranda y Gutiérrez en diálogo con Rosario/12 hablan de los "temores" de los hombres y mujeres de la Legislatura que "todavía no están convencidos de acompañar el proyecto". Y esos temores devienen en actitudes discriminatorias porque no tienen en cuenta que el Código de Faltas no penaliza la prostitución sino que castiga a quien está en la calle, mientras deja liberadas prácticas que hasta pueden convertirse en trata de personas.

Aranda señala que quienes no se deciden a la derogación de los artículos esgrimen algunos criterios con los que, por supuesto, no coincide. Uno tiene que ver con asociar el fin de los artículos con una explosión de mujeres ejercitando la prostitución. La pregunta que se hace es sobre cómo se va a regular el ejercicio de la prostitución. "El Código de Faltas no regula ni ordena la prostitución en la vía pública sino que la sanciona, con el fin de eliminarla, un fin para el que la norma resultó claramente inútil". La diputada del socialismo sostiene que "si lo que molesta es la prostitución callejera, aunque no sea la intención de quienes tienen esa actitud, se favorece el proxenetismo que sí es un delito". La contracara es que no constituye, justamente delito, el hecho que una mujer adulta, sin presiones, ejerza la prostitución.

"Lo paradojal es que se persigue la prostitución callejera y lo que sí es un delito, el de las casas regenteadas, anunciadas en distintos medios de comunicación, en las que hay alguien que alquila y paga las cuentas, quedan protegidas", dice Aranda y agrega que "este Código de Faltas no reglamenta la prostitución y no es la estrategia adecuada para perseguir la trata de personas y el proxenetismo".

La discusión ideológica, la representación simbólica de la prostitución, también está presente y frena la derogación de los artículos. El análisis que hace Aranda es que entre los legisladores están quienes piensan que derogar la penalización de la práctica callejera "es algo así como decir que la prostitución está bien. La prostitución no está ni mal ni bien, pero está; la pobreza no nos hace felices, no está bien, pero eso es muy distinto a decir que hay que perseguir a los pobres".

Y agrega: "No podría decir que me encanta que haya mujeres en situación de prostitución. No, de ninguna manera. Ni es lo que ninguna de ellas sueña para sus hijas. Pero es la situación en la que están. Y quieren vivir con dignidad y que se las respete como ciudadanas. Entonces para algunos legisladores, la derogación sería como no decir que las mujeres prostitutas son malas. Acá es donde aparece la idea de pecado, de mujer mala y parecería que la ley debería decirlo en algún lado".

Gutiérrez compromete su esfuerzo para trabajar durante 2009 "porque se puedan derogar los artículos por los que se violan los derechos humanos de hombres y mujeres que ejercen la prostitución". La diputada señala que "hay mucha reticencia en legisladores hombres y mujeres" y que esos artículos son directamente "violatorios de los derechos humanos. El de Sandra Cabrera no fue un caso aislado, las trabajadoras sexuales cuentan la manera en que siguen siendo perseguidas para que hagan aportes monetarios". Gutiérrez también es crítica hacia quienes hablan de establecer zonas rojas, algo así como ghettos que no disminuirán la presión policial ni tampoco evitará que se haga trabajar a niñas y adolescentes.