Miércoles, 10 de junio de 2009 | Hoy
CIUDAD › INVESTIGAN UN SEGUNDO CASO POR TRáFICO DE BEBéS
El fiscal interviniente en la causa de tráfico de bebés aseguró que las investigaciones conducen a pensar que se trata de un "grupo organizado importante", en el que estarían involucrados enfermeras y abogados, con conexiones en el norte del país.
El fiscal Eduardo Valdez Tiedjen, que interviene en la causa por el tráfico de bebés, afirmó ayer que "hay otro caso" además del que se conoció el lunes, luego de que las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) allanaran el Hospital Provincial, un Centro de Salud y un estudio jurídico del macrocentro rosarino. En el mismo sentido, y a través de un comunicado, el titular del juzgado de Instrucción Nº 7, Juan Donnola, señaló que el 5 de junio, en el Juzgado de Instrucción Nº 14, a cargo de María Laura Sabatier, se recibió "un segundo caso con características parecidas". En relación a la primera causa, la única persona detenida -el hombre que se encargaba de trasladar desde Santiago del Estero a las mujeres embarazadas se negó ayer a declarar ante el juez Juan Donnola, mientras su esposa aún permanece prófuga. En esta situación también se encuentra otra mujer, que se fugó del Hospital Carrasco donde estaba internada antes de que el personal policial pudiera llegar al lugar. El magistrado tiene previsto para hoy citar a declarar a los abogados del estudio jurídico allanado el lunes, quienes habrían presentado ante el juzgado de Familia el trámite de la guarda provisoria del bebé.
En un breve contacto con la prensa, el fiscal interviniente en la causa, Valdez Tiedjen, aseguró que las investigaciones conducen a pensar que se trata de un "grupo organizado importante", en el que estarían involucrados enfermeras y abogados. El fiscal sostuvo que el grupo investigado tendría muchas conexiones en el norte del país, "principalmente en Anatuya, pero además en toda la provincia de Santiago del Estero". Según señalaron a este diario fuentes de la investigación, la sospecha de otro caso de similares características también tendría su origen en Santiago del Estero.
Valdez Tiedjen dijo que "no existe" la posibilidad que las parejas adoptantes hayan actuado de buena fe. "El trámite que se estaba realizando de ninguna manera permite creer eso", señaló el fiscal, quien consideró que "era obvio para quien adquiría la criatura que no eran los canales normales".
En un comunicado enviado ayer, el juez Donnola señaló que el 5 de junio, en el Juzgado de Instrucción a cargo de Sabatier, se recibió un segundo caso con características parecidas al que fue denunciado por el magistrado del tribunal de Familia. "Dadas las medidas que debían adoptarse en forma inminente por este tribunal, se solicita la implementación del secuestro en el nosocomio de historias clínicas relacionadas con este segundo caso, causa en la que podría seguir interviniendo Instrucción 14 o este Juzgado -por tratarse de hechos similares-, decisión que deberá determinarse en los próximos días", explicó Donnola.
En otro de los párrafos del comunicado, donde se ofrecieron más detalles relacionados con la investigación, Donnola indicó que entre los resultados de las medidas y diligencias efectuadas se encuentra "la detención de una persona involucrada en la maniobra y el secuestro del rodado mencionado. En estos momentos se encuentran prófugas dos mujeres que presuntamente intervinieron en el hecho, una de las cuales se fugó del Hospital Carrasco donde estaba internada antes de que el personal policial pudiera llegar al lugar, dado que no se contaba con este dato hasta el momento de decidirse las medidas descriptas".
Las investigaciones determinaron que la persona recién nacida fue "entregada en mano y en la vía pública a quienes serían sus guardadores en adopción, en un lugar no muy lejano del propio hospital, hecho que se concretó a cambio de dinero en efectivo".
En principio, los delitos que se investigan en este caso en particular son: tentativa de estafa procesal al magistrado en la causa relacionada con la guarda con fines de adopción, supresión de estado civil y participación en la falsificación ideológica de instrumento público.
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