"Toda actividad humana incluida la científica y tecnológica está ligada a ciertos valores y fines y acarrea consecuencias, de modo tal que no puede predicarse una supuesta neutralidad ética. Los fines que la Universidad se propone realizar mediante la investigación, enseñanza y extensión expresados en su Estatuto, se cumplen y legitiman si propenden al bien común. De modo que su actividad debe tener como principal beneficiada a la población". Este es el diplomático pero contundente dictamen del Comité de Etica de la Universidad Nacional de Rosario, elaborado a pedido del rector Darío Maiorana, luego de las declaraciones del secretario general de Ciencias Agrarias, Hugo Permingeat, acerca de la neutralidad de la investigación científica, al reconocer los servicios a terceros prestados por la Facultad a la empresa Monsanto. Luego de conocido el documento, el rector Maiorana le requirió al Comité de Etica de la UNR, al Concejo de Investigación de la Universidad y al presidente la Comisión de Ciencia y Tecnología del Consejo Superior que "elaboren un proyecto de ordenanza que determine claramente las áreas de conflicto de interés que puedan existir en la investigación que la Universidad hace con terceros privados, para evitar que estos conflictos de intereses surjan".

Maiorana explicó ayer a este cronista: "Sometí los artículos de Rosario/12 a consideración de la Comisión de Etica, que marcó claramente que en la ciencia no hay neutralidad, y mucho más en la Universidad en la que todas nuestras actividades están resguardadas por el estatuto, que dice claramente que la investigación tiene que ver con la misión social de la universidad. Además, aquella opinión de neutralidad está rebatida por el Consejo Superior de la Universidad cuando creó a instancias mías un Comité de Etica de Investigación. Esto significa que no hay neutralidad".

Para el Comité, en tanto, "el diseño de las políticas científicas de la Universidad, y por ende de sus unidades académicas, debe armonizarse con los intereses de la comunidad que debe recibir en forma equitativa los adelantos científicos y tecnológicos que se produzcan". Y agrega que "la formación universitaria de grado y posgrado debe organizarse en el marco de un modelo educativo con perfiles profesionales adecuados para dar respuesta a los problemas y necesidades de la población. La Universidad debe reflexionar permanentemente acerca del mejor modo de alcanzar en su actividad la satisfacción más plena de las necesidades de las personas y de la sociedad".

Por eso, en el documento se marca como "imprescindible que la Universidad trabaje en redes con otras instituciones públicas y privadas para favorecer políticas que tiendan a la identificación de problemas genuinos de la población, alentando la investigaciones y transferencias en esa dirección y trabajando especialmente para la concreción de sus resultados".

En otro tramo, el texto firmado por Noemí Nicolau y Stella Martínez, apunta que "en el desarrollo de las actividades de extensión mediante las cuales se vuelcan a la sociedad los resultados de las investigaciones y a la vez se genera una forma genuina de financiamiento por la prestación de Servicios Tecnológicos a Terceros, deben ponderarse cuidadosamente los aspectos éticos, teniendo en cuenta las finalidades de la Universidad antes referidos. En concreto, deben respetarse los derechos fundamentales de la persona, los principios universales de precaución y prevención en el cuidado de medio ambiente, el principio de buena fe y la transparencia en las relaciones interpersonales e interinstitucionales". El comité también consideró que "los universitarios están moralmente obligados a considerar las consecuencias generales y particulares de sus acciones".

Para evitar la repetición de hechos conflictivos, Maiorana pidió "una definición clara de la Universidad desde el punto de vista ético de cuáles son las áreas sensibles y los comportamientos que deben tener los investigadores cuando trabajan en nombre de la Universidad, o usando fondos de la misma" y también pide que la propia UNR defina "cuáles son las investigaciones o servicios de terceros que nuestros investigadores no pueden realizar".