La decisión del procurador general de la Nación, Esteban Righi, de apartar de su cargo al fiscal ante el Tribunal Oral de Santa Fe, Gonzalo Armas, impactó de lleno en los organismos de derechos humanos. Y provocó una reacción en cadena. "Es más que un palo en la rueda", denunció la organización Hijos, al salir en defensa del fiscal, ponderar su trabajo "absolutamente eficiente" y advertir que su desplazamiento "resulta altamente beneficioso para los imputados" y puede provocar "más retraso en los juicios a los genocidas". La Comisión Provincial de la Memoria que integran la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y organismos de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto alertó sobre una "situación de gravedad institucional". Mientras que una decena de querellantes, testigos y abogados que patrocinan los juicios por delitos de lesa humanidad le plantearon a Righi por escrito su "preocupación" por la medida y le solicitaron una audiencia ante "el temor fundado de que el desplazamiento de Armas favorezca las estrategias retardatarias de las defensas" de los represores.

La cesantía del fiscal Armas se conoció poco antes de que el Tribunal Oral Federal resolviera postergar por tercera vez el primer juicio a un represor de la dictadura en Santa Fe, que debía comenar el 30 de junio (ver aparte). El segundo juicio está previsto para el 1º de setiembre y sentará en el banquillo a siete represores, entre ellos el jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini; el ex juez federal Víctor Brusa y cinco ex policías.

La organización Hijos consideró que la decisión del procurador Righi de "apartar de su cargo a quien fuera el fiscal durante los dos últimos años, doctor Armas, es más que un palo en la rueda. El fiscal Armas ha sido absolutamente eficiente, cuestión que no es menor para quienes venimos participando y durante largos años debimos padecer la máquina de impedir montada por el propio Brusa desde el Juzgado Federal", agregó.

"A más de 30 años de cometidos tan aberrantes delitos, el tiempo es un lujo que no nos podemos permitir: en la causa Brusa, ya falleció uno de los imputados (el ex suboficial del Ejército) Nicolás Correa, y el principal y más temido genocida de Santa Fe (y ex jefe del Area 212), Juan Orlando Rolón, fue separado del juicio por problemas de salud debido a su edad".

"El tiempo es un beneficio para los imputados que esperan que los juicios no se puedan llevar acabo este año para ser beneficiados con la excarcelación. Porque si no son enjuiciados ahora, serán liberados el año entrante, al vencer los plazos de la prisión preventiva", alertó Hijos.

El reemplazante del doctor Armas "no podrá empaparse en tan corto tiempo de las causas que se ventilan" y "no tendrá el tiempo humanamente posible para estudiar y trabajar correctamente, lo que sin lugar a dudas terminará beneficiando a los genocidas otra vez", dijo Hijos.

En tanto, la Comisión Provincial de la Memoria planteó su "honda preocupación por la separación sorpresiva del fiscal Armas de las causas que tramitan por ante el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe", dispuesta por doctor Righi. "Esta medida se produce a poco del comienzo del juicio" a Brusa y compañía, una causa que tiene 36 cuerpos de expediente y en la que "Armas venía trabajando con diligencia desde marzo de 2008, había ofrecido las pruebas como parte acusadora y entabló una fructífera relación con querellantes, denunciantes y víctimas".

"Frente a esta situación de gravedad institucional, solicitamos a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Procuración General de la Nación y al secretario de Derechos Humanos, Dr. Eduardo Luis Duhalde, que tomen urgente intervención y dispongan las medidas necesarias para encauzar el normal desarrollo de estos juicios de lesa humanidad, establecidos como prioridad por el más alto Tribunal de la Nación", dijo la Comisión Provincial de la Memoria.