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Finalmente ayer se firmó el acta acuerdo por medio de la cual la provincia se compromete a abonar el alquiler de las viviendas donde se trasladarán las 22 familias que ocuparon, durante más de dos años, el predio de Ituzaingo 60 bis, hasta tanto finalice la construcción de los nuevos núcleos habitacionales a levantarse en Ruillón y bulevar Segui. Ayer vencía el plazo para iniciar el desalojo anunciado por la Justicia, pero los vecinos aceptaron retirarse del lugar, tras ser reubicados. Rosario/12 estuvo en el predio donde las familias desocuparon las casas. "Estamos más tranquilos con el acta firmada", aunque "la lucha continúa", indicó Alejandra, mientras vaciaba su casa. Sólo una familia debió ser enviada a un hotel, hasta tanto se le encuentre un lugar adecuado.

El procedimiento se desarrolló "sin inconvenientes", aunque temprano los vecinos que quedaban en el lugar advirtieron que unos 150 oficiales de la policía serían enviados para controlar la zona ante posibles disturbios. Sin embargo, no fue necesario. Uno de los abogados solicitó al juez Daniel González que "no se montara ese operativo, porque no sería necesario". Para las 18, el predio estaba prácticamente desocupado.

Así, lo que era un desalojo seguro en marzo pasado, se concretó recién ayer, cuando las 22 familias que lucharon hasta los últimos días con el objetivo de conseguir "un techo para los hijos", abandonaron el lugar pacíficamente; aunque de manera separada, por inconvenientes internos y desacuerdos. En 2007 ocuparon el predio que "hacía más de 35 años estaba desocupado", donde limpiaron y construyeron casas de material, cuyas paredes ayer fueron demolidas.

Las negociaciones más fructíferas se dieron en los últimos días, a partir del viernes 20. Aunque antes, unas diez familias apoyadas por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), ya habían recibido el subsidio de 850 pesos acordado para alquiler momentáneo. "Lo complicado fue conseguir un lugar digno", explicaron los vecinos, que ya están reubicados y "contentos", según indicó a este diario la abogada de APDH, María del Carmen Martínez.

La letrada recordó: "Nos llegó el caso cuando ya estaba la sentencia dictada. Solicitamos un recurso de apelación, pero no nos fue concedido. El juez lo rechazó en diciembre de 2008. Luego, se presentó ante la Cámara de Circuito un recurso directo, que también fue rechazado en febrero de 2009". Hasta ese entonces, la fecha de desalojo era para el 26 de abril.

Aunque no se concretó, días después y ante la "angustiante situación" manifestada por las madres de familia, dos de ellas se encadenaron en el interior de la municipalidad y lograron una extensión del plazo, y nuevas reuniones con autoridades. Hasta la instancia actual, cuya fecha se fue ampliando, hasta ayer. Ahora, resta "esperar el cumplimiento del acuerdo", con las viviendas finalizadas para septiembre u octubre de 2010 y la concreción de las reuniones mensuales acordadas.