Oscar Pascual Guerrieri pidió ayer ampliar su declaración indagatoria para desmentir al ex agente civil de inteligencia Gustavo Bueno, que declaró en la ciudad brasileña de Belem hace dos semanas. El imputado por delitos de lesa humanidad con más alto rango militar negó haber querido matar a Bueno, afirmó que éste tiene su salud mental alterada, sólo aceptó preguntas de los integrantes del Tribunal y terminó con una arenga sobre su responsabilidad en los hechos que se investigan. "Ahora todos dicen Guerrieri, Guerrieri, Guerrieri, pero en 1978 no era ejecutor ni jefe. Los responsables eran (Leopoldo) Galtieri, (Luciano) Jáuregui y (Juvenal) Pozzi", dijo el ex jefe del Destacamento de Inteligencia del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército. Eso sí, aseguró haber olvidado los nombres de todos sus subalternos. "Todo lo leído de las declaraciones hechas en Brasil y en el Cels tienen, a mi entender, calidad de fábula", dijo el acusado, quien aseguró después que el testigo tuvo la intención "como muchos, de salvarse él y culpar a otros".

Guerrieri desmintió puntualmente una afirmación. "El señor Bueno dice que yo tenía intención de llevarlo a Comodoro Rivadavia para ejecutarlo. Me parece una barbaridad desde todo punto de vista", indicó Guerrieri, quien arguyó que los traslados de militares se definen por una política de personal del Ejército, y aseguró que como jefe no tenía la potestad de determinar traslados. El militar afirmó que Bueno estuvo internado en el instituto Philippe Pinel en 1975, de manera que pidió que se adjunten los antecedentes de ese centro asistencial, así como de la policía provincial, donde el agente revistió con anterioridad.

El Tribunal aceptó el pedido de Guerrieri, lo que generó una reposición de la fiscal Mabel Colalongo, quien consideró suficiente la pericia psiquiátrica pedida por Adrián González Charvay, defensor de uno de los imputados, Walter Pagano. La posición del ministerio Público fue apoyada por las abogadas querellantes Ana María Figueroa y Ana Claudia Oberlin. "La situación de salud mental de Bueno en 1975 es irrelevante", indicó Figueroa, al tiempo que Oberlin agregó: "La idoneidad del testigo se tiene que establecer al momento de la declaración. Por otro lado, en el legajo de Bueno, cuando fue admitido como personal civil de inteligencia, deben obrar las medidas que se tomaron para incorporarlo, de manera que se puede solicitar ese legajo". El Tribunal también aceptó el pedido.

La indagatoria de Guerrieri tuvo tres momentos. Primero desmintió a Bueno, específicamente negó la acusación del ex PCI (personal civil de inteligencia) de haber querido asesinarlo. "Me siento profundamente afectado por esa declaración", dijo el represor, quien se definió en varias oportunidades como "una persona de bien". Sobre la intención de trasladar a Bueno a Comodoro Rivadavia para ejecutarlo, Guerrieri lo calificó como "una barbaridad". Después, sólo aceptó preguntas del Tribunal.

Pero sus precisiones rozaron lo insólito. "El oficial de inteligencia es como un meteorólogo. Hacemos previsiones, estudiamos la situación. El área de inteligencia no es operativa, es un laboratorio de prospectiva, sobre lo que se va a desarrollar", aseveró el militar, quien aseguró que son otros los encargados de tomar las decisiones en base a esos informes.

Aunque Guerrieri olvidó los nombres de sus subordinados, sí pudo precisar que Bueno se desempeñaba en la Dirección de Registro y Archivo. Cuando el juez Otmar Paolucci le preguntó si esa dependencia fichaba personal militar, o sólo civiles, dijo que sólo obtenía información sobre integrantes de las dependencias del Ejército.

La presidenta del Tribunal durante esta semana, Beatriz Barabani, indagó sobre la existencia de fichas de inteligencia, pero Guerrieri se fue por las ramas. Dijo que esa dependencia investigaba "a los factores de poder que hacen al desarrollo de la Nación. El sector religioso, del trabajo, y económico", dijo.

Para el final, el represor apeló "a la emoción". "Para nosotros es dificilísimo explicar a un Tribunal Civil lo que hicimos, porque el militar no es dueño de la guerra, los gobiernos son los que deciden", dijo Guerrieri, quien se quejó: "Yo acá prácticamente soy un asesino y ustedes me van a imponer prácticamente la pena de muerte porque tengo 75 años, por eso hablamos de tribunales naturales (refiriéndose a la justicia militar)".

La causa Guerrieri -en la que también están imputados Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo- investiga la privación ilegítima de la libertad de 28 personas, a quienes también se sometió a tormentos. El proceso también trata de establecer la responsabilidad por el asesinato de 17 de esos militantes, que continúan desaparecidos.