Hoy se reinicia el juicio oral y público por terrorismo de estado que se sustancia ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario. La jornada comenzará con la ampliación indagatoria de Juan Daniel Amelong, uno de los cinco represores sentados en el banquillo, que intentará despegarse de las acusaciones lanzadas en su contra desde Brasil por Gustavo Bueno, ex miembro del aparato de inteligencia militar durante la última dictadura. A la misma hora que esto ocurra el espacio Juicio y Castigo Rosario, integrado por organismos de derechos humanos como Madres, Familiares, APDH, MEDH, HIJOS y un conjunto de organizaciones sociales y políticas, convocó en las puertas mismas del tribunal federal de Oroño 940 a "todos los rosarinos a acompañar este último tramo del juicio en el que se leerán los alegatos de las querellas, es decir, las acusaciones finales contra los imputados". A través de un comunicado el espacio Juicio y Castigo convocó a partir de las 10 de la mañana para "apoyar a los querellantes y testigos".

La actividad estará centrada en varios ejes, según señala el comunicado de los organismos: "Seguiremos reclamando al Tribunal Federal Oral Nº 2 que queremos una sala donde entren todos los familiares, testigos, querellantes y público que quiera ser parte de este proceso. Y reforzaremos nuestro pedido de cárcel común perpetua y efectiva para todos los represores (pena que se desprende de la prueba generada a lo largo del proceso)".

El texto aclara que "además recordaremos que el próximo miércoles, día en que se realicen las actividades conmemoratorias patrias en San Lorenzo, no podemos olvidar el proceso pendiente que continúa abierto en relación al candidato no asumido Pedro 'Pili' Rodríguez (quien se encuentra procesado por el delito de secuestro y torturas contra militantes del Cordón Industrial)".

"A nosotros no nos quedan dudas de que la pena que le cabe a los represores es la cadena perpetua. Porque en este juicio, a través de los valientes testimonios de los sobrevivientes del genocidio, de los documentos aportados, e incluso de las declaraciones de dos integrantes de la propia patota, se han probado 17 homicidios, increíbles torturas realizadas a decenas de secuestrados en los cinco centros de detención ilegal montado por la dictadura, el robo de bebés, y la desaparición decenas de militantes comprometidos en la lucha contra el terrorismo de estado", concluye el comunicado de Juicio y Castigo.

Cabe recordar que los cinco imputados del juicio son los militares Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong y los civiles de inteligencia Walter Pagano y Eduardo Costanzo, quienes están siendo juzgados por ser parte de la patota que operó en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia y Fábrica Militar.

Por su parte la Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional del Sinidcato de Prensa Rosario expresó ayer su "disconformidad y preocupación por la forma en que debieron trabajar los periodistas de la ciudad en la cobertura del juicio que, por delitos de lesa humanidad, se desarrolla en los Tribunales Federales de Rosario. Las condiciones establecidas para el trabajo periodístico en el marco de la causa Guerrieri Amelong, resultaron limitativas ya que impidieron ingresar a la sala con los instrumentos de trabajo. Se desconoció el contenido y los alcances de la acordada 29/2008 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referida a la difusión de los juicios orales".

El texto señala que "desde el martes 1º de septiembre de 2009 en que comenzó el proceso les fue asignado un sitio a los trabajadores de prensa, el auditorio de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, ubicado a más de 13 cuadras del lugar en el que se desarrolla el juicio, en el Tribunal Oral Federal Nº1 . Pero lo más preocupante fue la prohibición para que los trabajadores de prensa ingresen a ese espacio con sus instrumentos de trabajo. Así, quienes durante esos meses cubrieron las instancias de cada día, debieron dejar a la entrada de calle Entre Ríos al 400, sus grabadores, teléfonos móviles y computadores portátiles. Esta prohibición, debe darse cuenta el Tribunal, va en desmedro de la rigurosidad periodística que nuestros compañeros debieron salvar con un gran esfuerzo, que aunque realizado, no tiene justificación ni menoscaba la gravedad de la prohibición".