Entre "30 y 50 inquilinos" se acercan cada semana a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor para iniciar reclamos sobre sus contratos de alquiler ante el Consejo Asesor para la Vivienda Unica, que funciona. "Existe una vulneración de los derechos, se fijan indexaciones, se fijan cláusulas abusivas y leoninas, se infringen cuestiones que figuran en las leyes", apuntó Ariel D`orazio, coordinador del Consejo.

No se ve así desde el sector inmobiliario. Liliana Tobajas, martillera pública, y poseedora de su propia Consultora Inmobiliaria, informó que en la actualidad "se toman todas las medidas necesarias debido a que el mercado fluctúa y los precios aumentan día a día". Al mismo tiempo, indicó que en el sistema inmobiliario, "los propietarios deciden tomar todos sus recaudos, y quienes no cumplan con los requisitos exigidos no pueden acceder a alquilar".

El Consejo Asesor que coordina D'orazio funciona desde marzo de 2006. Desde entonces, pudo observar "una responsabilidad compartida entre el sector público y el sector privado, acompañada de una sobrecarga de exigencias" por parte de las administraciones/inmobiliarias o a través de los dueños directos que alquilan su propiedad. El funcionario consideró que "hay un importante incremento en cláusulas abusivas que complican al que tiene que alquilar".

Con una perspectiva opuesta, Tobajas -que ejerce su actividad hace más de 20 años-, opinó que "no hay" una sobrecarga de requisitos solicitados en un contrato de alquiler ("dos garantías propietarias, una garantía de recibo de sueldo") ya que el locador debe asegurarse al entregar su propiedad de "no asumir ningún tipo de riesgo como la fuga del locatario, un juicio, la destrucción del departamento, impuestos no pagos". La martillera confesó que en su actividad diaria se encuentra "entre la espada y la pared", ya que por un lado debe atender al propietario, quien le otorga la propiedad y la confianza en su administración como así también a la persona que viene a alquilar.

En tanto, en la Oficina de Defensa del Consumidor, en Alem 1046, se presentan ciudadanos para reclamar sobre "el contrato, y la práctica del alquiler". Según detalló D'orazio, las consultas diarias se refieren a "irregularidades" como "exigencias abusivas, el cobro de expensas extraordinarias, indexaciones, propiedades con daños estructurales, entre las más habituales".

A su vez, el Consejo Asesor manifiesta que ellos por ley no pueden intervenir en procesos judiciales, pero se proponen mediar entre las partes antes de que el problema termine en la justicia.

Desde la Oficina de Defensa del Consumidor, D`orazio advirtió que los ciudadanos "están desinformados de cuales son sus derechos, pero que existe una imposibilidad de que quien los conoce pueda hacerlos valer". Y por esa misma razón, expresó: "Si sos un inquilino complicado, no te alquilo. Viene el de atrás que es sumiso, y le alquilo a él". Para el funcionario, es sólo un ejemplo del disciplinamiento de los locatarios. "Como necesitan alquilar, agachan la cabeza y no hacen valer sus derechos".

Por su parte, Tobajas aclaró que existen casos de personas que optan por trasladarse del centro hacia los barrios "ya que las exigencias son menores", y es "más frecuente" el alquiler directo a un particular, aunque aclaró que son esas mismas personas (locador) que ante un inconveniente "recurren a la inmobiliaria para que lo ayuden a solucionar su problema".

La consultora inmobiliaria admitió que la situación de las personas que deben alquilar con un sueldo básico, "es muy complicada", ya que un departamento de un dormitorio está entre 900 y 1000 pesos. "A esa cifra se le deben agregar impuestos y expensas. Es imposible pensar que esta persona pueda llegar a fin de mes", subrayó. Por este motivo, registró que "si bien hay muchísima oferta y demanda en alquileres y venta de propiedades, otra variante muy solicitada en estos tiempos son los alquileres temporarios".

D'orazio tiene una visión crítica. "Hay un acuerdo desmedido entre inmobiliarias y propietarios,", ya que "más del 90 por ciento" de las viviendas se alquilan a través de inmobiliarias y administraciones, mientras "solamente el 5 por ciento de los inmuebles son alquilados a dueños". "Es necesaria la modificación de la ley nacional de locaciones urbanas", indicó.

Desde el Consejo que funciona en la Oficina de Defensa al Consumidor, D'orazio apuntó que "no se le debe echar la culpa a quienes hoy regulan el mercado, sino que el problema es que no hay una regulación por parte del estado en ninguno de sus tres estamentos, ni municipal, ni provincial, ni a nivel nacional".