Jorge Auat, el jefe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, criticó ayer la decisión de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, que liberó a los tres represores rosarinos, porque pasaron más de cuatro años sin juicio. "En casos de delitos de lesa humanidad, la libertad del imputado tiene un efecto intimidatorio hacia los testigos, con los cual se entorpece claramente el proceso judicial, además del peligro de fuga", señalo Auat. "El problema central es que la Cámara de Casación no tiene en cuenta al verdadero alcance de la peligrosidad procesal", al tiempo que advirtió sobre "algún trabajo por parte de los imputados para entorpecer la producción de pruebas". En este sentido, Auat cuestionó la "falta de firmeza" de algunos jueces, al permitir a la defensa de los represores utilizar maniobras para "dilatar" los procesos que conducen al juicio oral.

Para Auat, las excarcelaciones de Rubén Lofiego, Mario el Cura Marcote, y Ramón Vergara "no son un episodio aislado. Lo venimos advirtiendo desde hace tiempo: el tema excarcelación va por un lado y la prisión preventiva por otro, aunque ambas situaciones tienen el mismo ADN. Venimos diciendo que en el tema de excarcelaciones la resolución de las cámaras y los jueces no advierten que la excarcelación es la contracara de la prisión preventiva que neutraliza la peligrosidad procesal, ya que estando libres pueden entorpecer el proceso o bien se corre el peligro de su fuga. En el caso (de los tres represores rosarinos) podría no haber peligro de fuga porque las cauciones garantizarían la comparecencia, pero pueden entorpecer el proceso judicial por algún 'trabajo' en la producción de las pruebas".

"Además -agregó- en estos casos de delitos de lesa humanidad, la libertad del imputado tiene un efecto intimidatorio hacia los testigos, con los cual se entorpece claramente el proceso judicial por lo cual decimos que no hay una evaluación efectiva por parte de los jueces".

Auat reconoció que "los procesos judiciales no pueden ser eternos, hay que hacer los juicios con la mayor celeridad posible, y tratar de evitar así en que la prisiones preventivas se resuelvan de este modo".

"No hay ningún obstáculo para que en dos o tres años, el grueso de las causas tengan juicio y castigo. Si esto no ocurre es porque el sistema judicial falla", dijo el titular de la oficina que sigue los procesos por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.

Y agregó que "esa es la preocupación" del Ministerio Público, del cual depende la Unidad, al tiempo que explicó: "El tiempo perdido es un problema serio en estas causas", debido a la edad de los imputados y también de las víctimas y sus familiares, así como a la alta exposición de los testigos.

"La edad de los autores de los crímenes no puede no estar en la agenda judicial, es central; tampoco la alta exposición de los testigos en procesos de juicios muy extensos. La impunidad no sólo es un concepto normativo, sino que debe ir acompañado de un grado de compromiso por parte de los jueces", sostuvo Auat.

El jefe de los fiscales en causas por terrorismo de estado criticó "la estrategia de dilación que utilizan algunos defensores (privados y oficiales), que tienen un interés directo en que las causas no avancen". "Ahora bien -agregó- los operadores judiciales pueden advertir esta maniobra (recursos procesales como las recusaciones) desde el primer escrito que presenta la defensa". "Es lectura de manual, pero muchas veces en vez de corregirlas algunos jueces permiten que se logre el cometido, es decir que no haya juicios y, por lo tanto, tampoco estado de derecho", dijo Auat.

Tras calificar a quienes utilizan esas maniobras de "militantes de la impunidad", Auat dejó claro que "acá no es cuestión de cambiar leyes, porque estas existen, sino de que el Poder Judicial tome las medidas que tiene tomar" para dar "respuestas a la sociedad".

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