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Concretada la deportación de Andrés Bracamonte al país, el fiscal que avaló el viaje a Sudáfrica del jefe de la barrabrava de Central defendió su resolución y negó temer una eventual destitución. "Estoy muy seguro de lo que hago y convencido de lo que hice. Procesalmente no había elementos para impedirlo", apuntó Esteban Franicevich, tras lo cual remarcó: "Lo volvería a hacer". Para el fiscal "Bracamonte no hizo nada malo en Sudáfrica, allí las autoridades le impidieron el ingreso utilizando el derecho de admisión". El abogado de "Pillín", Carlos Varela adjudicó lo sucedido a "la repercusión mediática" que tuvo el traslado de barras al Mundial. Luego explicó que "un organismo de seguridad deportiva (de Argentina) mandó un listado de personas que considera peligrosas, y los organismos sudafricanos hicieron caso a esa recomendación". En ese marco lamentó haber desconocido el acuerdo "entre las fuerzas de seguridad de ambos países. Los que ingresaron primero tuvieron suerte de que no estaba el informe".

Consciente de la polémica en la que quedó envuelto tras emitir el dictamen que autorizaba a Bracamonte a viajar al Mundial, Franicevich salió ayer a defender su actuación. "Estoy cómodo y convencido de haber actuado correctamente" dijo el fiscal por LT8 en alusión a la medida que derivó en la resolución que adoptó después la jueza Mónica Lamperti.

"Procesalmente no había elementos para impedir el viaje", remarcó el fiscal quien se esmeró en diferenciar "lo que está instalado en el imaginario colectivo sobre los barras, y lo que figuraba en el expediente". Franicevich fue más allá al señalar que "no fue un contrasentido haber autorizado el viaje" del jefe de la barrabrava canaya y unas semanas antes pedir el procesamiento de Bracamonte por violar la denominada Ley De la Rúa a raíz de los incidentes que protagonizó en el partido Argentina-Brasil por las Eliminatorias.

"¿Ustedes saben qué hizo Bracamonte en Sudáfrica?" se preguntó Franicevich al ser consultado sobre la decisión de las fuerzas de seguridad sudafricanas de impedirle el ingreso. "Evidentemente utilizaron el derecho de admisión", agregó.

Consultado sobre el malestar que reina en las altas esferas de la justicia santafesina con su actuación y con la jueza Lamperti, el fiscal dijo no temer a ser sometido a un proceso de jury. "Estoy convencido que no (va a ser llevado a juicio), pero qué puede pasar no sé, hice lo que debía, por eso estoy cómodo", sentenció.

El abogado Varela reconoció que tanto él como su defendido creían que

"una vez que saliera la autorización judicial en las causa que le impedía viajar estaba todo solucionado, pero esto no fue así".

Respecto al ingreso sin restricciones a Sudáfrica del primer contingente de hinchas, que viajaron incluso en el mismo vuelo que la selección, Varela sostuvo que evidentemente "el Estado sudafricano no ha tenido el mismo trato para los que llegaron después". Según Varela "un organismo de seguridad deportiva mandó un listado de personas que considera peligrosas, y los organismos sudafricanos hicieron caso a esa recomendación", aseguró en diálogo con una radio porteña.

En ese sentido, culpó a "la repercusión mediática" que tiene el Mundial y lamentó haber desconocido el acuerdo "entre las fuerzas de seguridad de ambos países. Los que ingresaron primero tuvieron suerte de que no estaba el informe", apuntó y negó vinculaciones políticas que favorecieran al resto de los barras presentes en Sudáfrica.

Sobre la posibilidad de apelar la decisión, Varela confirmó a este diario que recurrirán a Cancillería "para que interceda ante Sudáfrica y Bracamonte sea retirado de la lista", aunque se mostró poco optimista: "Tal vez esto ocurra recién en agosto", ironizó, aludiendo a una fecha en la que el Mundial ya habrá finailzado.

Varela aclaró que la defensa de Bracamonte no ocultó una condena a dos años de prisión que recaía sobre el hincha deportado. "El acceso a la información prontuarial surge informáticamente", señaló. La referencia es a la condena dictada en 2007 por la jueza Carina Lurati, por coacción agravada a un empleado de Central, apelada ante la Cámara.