El gobierno bonaerense impulsará judicialmente como querellante la causa que investiga las muertes de Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiasso, ocurridas en mayo de 1983, e insistirá con el llamado a indagatoria del diputado provincial electo Luis Patti. Con este objetivo la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sara Derotier de Cobacho, se constituirá este lunes en el juzgado federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo, para apoyar el pedido del fiscal Juan Patricio Murray, que viene exigiendo desde hace un año la reapertura de la causa. El juez Villafuerte Ruzzo aun no decidió cuál va a ser el futuro judicial de este expediente.

El pedido de reapertura de la causa se basa en que la investigación fue llevada adelante por la justicia de facto y tanto el Fiscal como la Secretaría entienden que las víctimas y la sociedad tienen el derecho de conocer la verdad de lo acontecido y procurar el castigo de los responsables de los hechos y de su encubrimiento. Por otra parte, dice la Secretaría, los hechos se encuadran dentro de los denominados "delitos de lesa humanidad", cuya persecución posee carácter de imprescriptible.

Cabe recordar que el fiscal Murray entregó un revelador documento oficial de la Embajada de los Estados Unidos, desclasificado en el que señalan el "abatimiento" sobre dos militantes montoneros "ostensiblemente secuestrados en Rosario" durante los últimos días del golpe militar, que "fue ordenado por las máximas autoridades" de la dictadura militar.

El documento se encontró a fines del año pasado luego de una intensa búsqueda en los aún no sistematizados archivos clasificados de Cancillería. Los querellantes consideraron el mismo como una pieza "fundamental" en el cúmulo de pruebas contra el ex comisario.

El informe detalla, incluso, lo que sucedió con la causa judicial luego de la ejecución de los dos militantes el 14 de mayo de 1983. Según fuentes judiciales, la carta "informa que había tres policías, uno de los cuales era Patti, y un médico detenidos, pero que en el seno del gobierno militar había presiones (sobre) los ministerios de Justicia y de Interior para que consiguieran la libertad de Patti y sus compañeros presos".

En este sentido Sara Derotier insistirá en pedir la indagatoria de Luis Abelardo Patti, Juan Amadeo Spataro y Rodolfo Diéguez, ex miembros de la Policía Bonaerense investigados en el hecho. Patti se desempeñaba en 1983 como oficial inspector del comando radioléctrico de Tigre. En ese marco, la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense presenciará el proximo martes 7 la reunión que se realizará en la Cámara de Diputados, cuando la Comisión de Poderes y Peticiones se reúna para analizar las impugnaciones al diploma de Patti.

En la carga de documentos que se han sumado al expediente en los últimos meses hay otras novedades. Entre ellas se encuentran una serie de informes de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, la ex Dipba, desclasificados para la causa. Los informes habrían sido elaborados tanto por el Ejército como por las fuerzas de seguridad federales y provinciales. En línea con los documentos desclasificados de la Embajada de los Estados Unidos, se los considera importantes porque probarían que durante los días previos al secuestro y fusilamiento, ambos militantes eran blanco de monitoreos, seguimientos y tareas de inteligencia.

El 14 de mayo de 1983 Pereyra Rossi y Cambiasso fueron secuestrados en el bar "Magnum" de esta ciudad y posteriormente trasladados a Lima, donde los asesinaron en un enfrentamiento simulado por los policías bonaerenses.