Eduardo Seminara fue secuestrado el 2 de septiembre de 1976 cuando cumplía el servicio militar en Azul. Lo trasladaron al Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario, en San Lorenzo y Dorrego. Allí lo ataron, lo desnudaron, lo quemaron, le hicieron el submarino y le aplicaron picana eléctrica en todo el cuerpo. El ahora vice rector de la Universidad Nacional de Rosario fue entrevistado después de los tormentos por "Archie", un represor que conocía su vida al dedillo. José Antonio Scortecchini -uno de los imputados en la causa Díaz Bessone- le sugirió que no se hiciera reventar por la picana. El integrante de la patota y el prisionero habían sido amigos durante cuatro años, entre los 13 y los 18, de modo que apenas escuchó la voz, Seminara pudo identificarlo como uno de sus torturadores. Esta fue una de las tantas situaciones que se leyeron ayer, como parte de la requisitoria de elevación a juicio oral del Ministerio Público, que elaboró el entonces fiscal Ricardo Vázquez. Sobre Ramón Genaro Díaz Bessone se planteó que en su carácter de Comandante del II Cuerpo de Ejército, entre febrero de 1975 y octubre de 1976, fue el máximo responsable de idear y ejecutar el plan sistemático de represión ilegal en la zona. José Lo Fiego era quien conducía las sesiones de tortura y el encargado de garantizar que los prisioneros no murieran en esa situación. En tanto de Ricardo Chomicky, se remarcó que fue colaborador civil en la represión ilegal, al participar de sesiones de tortura y secuestros.

Es impactante escuchar los terribles momentos vividos por personas que se conocen desde hace años. Lo será aún más en la etapa de testimonios, pero aún en el lenguaje tribunalicio, resulta escalofriante la lectura de un mero sumario de las situaciones vividas. Les pasa también a amigos y compañeros. Cuando la secretaria Silvina Andalaz leía el "caso 80", de Azucena Solana, al lado de la propia víctima y querellante estaba sentada Alejandra Manzur, hija del desaparecido Oscar Manzur y de la sobreviviente Marta Bertolino. La joven no pudo evitar el llanto. Azucena la abrazó y le dijo: "Gracias por llorar por mí".

Uno de los aspectos más peculiares del juicio es la acusación a Ricardo Chomicky (junto a su esposa, Nilda Folch, que se encuentra prófuga y por lo tanto no puede ser juzgada), como colaboradores civiles en la represión ilegal. Los dos llegaron secuestrados al Servicio de Informaciones. Chomicky argumentó en su defensa, en una declaración anterior, que había sido torturado sistemáticamente.

El escrito de Vázquez dedica un párrafo a ese punto. "Los casos de ambos presentan la particularidad de haber sido víctimas iniciales del plan represivo. Ni haber brindado información ni haber realizado tareas menores son motivo de reproche penal. No se reprochan de parte del Ministerio Público las actitudes motivadas por el plan sistemático de represión. El reproche es la participación activa de los mismos en delitos de privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y muertes", dice el texto de la requisitoria, después de recoger distintos testimonios sobre la presencia de Folch y Chomicky en sesiones de tortura y secuestros.

De hecho, la requisitoria toma dichos del propio interventor de la policía provincial durante la dictadura, el fallecido Carlos Agustín Feced, quien declaró en 1984 frente al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Allí afirmó que Folch le recordaba a su hija, y por eso la "protegió", al tiempo que tramitó la libertad de la pareja. Feced dijo también haberles proporcionado documentos falsos y haberlos ayudado a cambiar su aspecto una vez liberados. Incluso, fue padrino del casamiento entre Folch y Chomicky.

Al terminar los 87 casos, comenzó el capítulo de la requisitoria destinado a los acusados. Sobre Díaz Bessone, se planteó su poder de decisión, dado que todas las fuerzas fueron puestas bajo la órbita del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.

Lo Fiego, alias "El Ciego", dijo en alguna indagatoria de la etapa de instrucción que las órdenes para combatir a lo que ellos llamaban "la subversión" fue transmitida oralmente por Díaz Bessone, en marzo de 1976. También afirmó que el destino de los prisioneros nunca era determinado por la policía, sino que respondían a órdenes del Comando.

A Lo Fiego, gran cantidad de testimonios lo señalaron como la persona encargada de aplicar los tormentos y regularlos de manera que no acabaran con la vida de los secuestrados. Por eso, otro de sus apodos era "doctor Mengele". También fue el responsable de los "traslados" de personas que continúan desaparecidas. También se lo acusa de haber redactado los informes que se elevaban al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.

Mario Marcote, Ramón Rito Vergara y Scortecchini también fueron acusados como efectivos policiales, de acuerdo con diferentes testimonios de sobrevivientes, por participación en secuestros y tormentos. En esos casos, quedó planteado que se intentaron fraguar las verdaderas tareas en el área de Inteligencia de la fuerza, dado el carácter clandestino de la represión ilegal.