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La Madre de Plaza de Mayo, Herminia Severini (en la foto), se sentó ayer con el pañuelo blanco en la cabeza, como siempre, en la primera fila de la sala de audiencias donde se desarrolla el juicio contra Ramón Genaro Díaz Bessone, más conocido como causa Feced. Más tarde, en el cuarto intermedio del mediodía, diría que al escuchar los hechos que se relatan durante las requisitorias de elevación a juicio sintió escalofríos, como si hubiera tenido una "ametralladora en la panza?. Herminia no falta a las audiencias. "¿Qué querés, que me quede en casa", dice con una sonrisa que ilumina su cara llena de arrugas, siempre con el prendedor que recuerda a su hija desaparecida Adriana María Bianchi puesto en la solapa de su ropa. La secretaria Silvina Andalaz continuó ayer por la mañana con la lectura de la requisitoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que estuvo representada en la audiencia por el abogado Gonzalo Armas. Luego de una pausa, comenzaron a leer la acusación elaborada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, otra de las querellas.

En este punto, la lectura de las requisitorias vuelve sobre los hechos ya descriptos ante el Ministerio Público, ya que cada querella formula sus propias acusaciones. Fue por eso que anteayer, por la tarde, la abogada Ana Oberlin, también representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pidió que no se leyeran los cargos contra Ricardo Chomicky durante esa requisitoria, ya que el organismo nacional había desistido de acusarlo. Esa decisión tiene más de dos años, y lleva la firma del propio Eduardo Luis Duhalde. La solicitud de la profesional generó un murmullo en la sala, especialmente de parte de los sobrevivientes, ya que muchos están convencidos de acusar a quienes fueron sus antiguos compañeros pero luego actuaron como verdugos.

El Tribunal Federal Oral número 2 integrado por Beatriz Barabani, Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe, esta semana a cargo de la presidencia, siguió escuchando ayer las requisitorias de elevación a juicio contra Ramón Genaro Díaz Bessone y José Rubén Lo Fiego (ambos acusados de homicidio agravado), así como Mario Marcote, José Antonio Scortecchini y Ramón Rito Vergara, los tres por privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos. En todos los casos por asociación ilícita. Depende de la querella, también se leen las acusaciones contra Chomicky. La sala estuvo silenciosa, con escaso público.

Afuera, la mañana de sol invitaba a tomar mates con unas porciones de pasta frola llevadas por militantes del Espacio Juicio y Castigo que hacen el aguante a los testigos y querellantes. Entre otros, ayer estaban los querellantes de la causa Guerrieri, Ramón Verón y Juan Rivero.

Uno de los mates lo tomó Esteban Mariño, testigo y querellante de la causa Feced, que fue secuestrado en junio de 1976, con apenas 18 años y estuvo algunos días en el Servicio de Informaciones, para luego ser trasladado a una cárcel. Salió en libertad a fines de 1982, luego de pasar por la Unidad 3 de Rosario, Coronda, Caseros, Rawson y La Plata. Durante meses lo tuvieron sin causa alguna, aunque en 1980 le hicieron una acusación formal. Desde el mismo día que salió en libertad volvió a militar, desde entonces para activar la causa Feced. Se presentó en la justicia provincial en marzo de 1984, en una segunda tanda de sobrevivientes que se animaron a pedir la persecución penal de los represores. "Tengo sensaciones encontradas, una alegría por tenerlos en el banquillo de los acusados, pero también tristeza por todo el tiempo que pasó", afirmó mientras la audiencia se reanudaba, antes de ingresar a escuchar el desarrollo del juicio.

Mariño quiso ser claro, además, en la caracterización política del proceso penal. "Haber logrado sentarlos en la iniciación de un juicio donde se va a ventilar todo lo que pasó es muy importante después de tantos años de lucha, de haber pasado por cosas como la declaración ante la Conadep, el Juicio a las Juntas, la presentación en los Tribunales provinciales, haber tenido que soportar el robo en esos tribunales, las leyes de obediencia debida, punto final e indulto. Lograr sentarlos al banquillo para que se difunda el horror que se vivió en los lugares donde ellos eran los dueños de la vida y la muerte es muy importante", apuntó el testigo, quien reflexionó que el paso del tiempo cambió también sus aspiraciones. "En una época queríamos que los represores se murieran de algo, ahora queremos que vivan para comerse la prisión perpetua", expresó.

Para Mariño, el juicio es posible porque el modelo económico instaurado en 1976 estalló en 2001, y eso permitió que comenzara otro proceso poítico. "No fue sólo por la lucha acumulada, sino también por la decisión política de un sector concreto. Sin la decisión del estado nacional, esto no sería posible", continuó el testigo. Claro que Mariño no se conforma con el proceso a los ejecutores del plan sistemático de represión ilegal, también quiere que se enjuicie a los responsables económicos e ideológicos del proceso que tomó el poder violentamente en la Argentina el 24 de marzo de 1976.