La Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial y Civil de Rosario ratificó ayer el fallo de primera instancia que resuelve la devolución del inmueble de Tucumán 1339 a la masa de acreedores de la quiebra del ex supermercado Tigre, edificio que fue expropiado en dos oportunidades por la Legislatura de Santa Fe en beneficio de la cooperativa "La Toma", que funciona desde hace 9 años en ese lugar. Carlos Ghioldi, uno de sus fundadores, anunció que resistirán la medida judicial e instó a la población a apoyar el reclamo. "Vamos a mantener la ocupación, vamos a seguir resistiendo cualquier medida de desalojo, porque es un despropósito, los trabajadores ya hemos demostrado que podíamos defender los puestos de trabajo y ponerlos al servicio de los sectores populares y no para que un grupo de señores que viven de las quiebras se engorde los bolsillos", dijo a LT8.

Los jueces de la Sala 3, Mario Chaumé, María del Carmen Alvarez y Avelino Rodil, atendieron el reclamo de la sindicatura de la quiebra del ex Tigre para que se devuelva el inmueble donde funcionan varias cooperativas. La resolución sin embargo no tiene fecha de devolución del inmueble.

Por su parte los trabajadores de la cooperativa ya iniciaron la resistencia al fallo judicial que ordena el desalojo: en una asamblea realizada en la tarde de ayer, luego de conocida la decisión de los jueces, resolvieron quedarse en el lugar y convocar a todas las organizaciones de la ciudad a movilizarse en defensa del espacio. Anoche recibieron además el apoyo de los ex combatientes de Malvinas que concurrieron para embanderar el predio y repartir comida entre aquellos que se quedaron a pasar la noche.

Por su parte, la cara más visible del emprendimiento cooperativo, no se mostró sorprendido por la decisión "porque siempre han sido insensibles, ya dejaron en la calle a trabajadores hace nueve años atrás por eso esta vez no nos vamos a mover". Ghioldi convocó "a la policía a desobedecer la orden".

El dirigente recordó que actualmente 120 personas desarrollan en "La Toma" un emprendimiento social. Desde 2008, funciona además en el lugar un centro comercial que pertenece a la subsecretaría de Economía Solidaria municipal. Ghioldi explicó "que no son justamente los acreedores los que piden cobrar sino los síndicos de la quiebra, ya que el estado nacional, el provincial y el municipal son los principales acreedores de esa quiebra. Por eso es una vergüenza que tres aves negras quieran cobrar dejando sin trabajo a tanta gente". Y agregó: "Esta deuda que el Tigre tenía con el estado ya fue pagada, realmente la principal acreencias es el estado nacional, provincial y municipal y no hay bienes que cubren las deudas pero sí los honorarios de los abogados".

Ghioldi remarcó que "el monto de la quiebra es de unos 80 millones de pesos, y los síndicos se llevan el 1 por ciento, pero la venta de este inmueble es del orden de los tres millones, es decir que apenas se cubrirá una parte de los honorarios".

El año pasado, el gobernador Hermes Binner firmó el decreto 139 que promulgaba la ley de expropiación del inmueble y así se formalizaba la aprobación de la ley 12.964 que la Cámara de Diputados había aprobado el 18 de diciembre de 2008, luego que Senadores hiciera lo propio.

De esta forma se declaraba "de utilidad pública y sujeto a expropiación el "uso temporal del inmueble ubicado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, propiedad de Hipermercado Tigre S.A". En tanto, los bienes expropiados eran adjudicados a favor de la Cooperativa de Trabajo "Trabajadores Solidarios en Lucha", inscripta en el Instituto Provincial de Acción Cooperativa bajo el Expediente Nº 4390/02.

Por su parte el senador Juan Carlos Zabalza, autor de la segunda ley de expropiación, respondió ante la consulta de Rosario/12 que el expediente judicial lo lleva adelante el Fiscal de estado Jorge Barraguirre. Zabalza trató de llevar tranquilidad: "Obviamente si hay una decisión judicial habrá que ver cómo acuerda para que La Toma siga funcionando, porque hoy hay un uso social del predio que justifica tomar una decisión que garantice el funcionamiento de los proyectos sociales".