El oficialismo en el Concejo presentó ayer tres iniciativas para restringir "la explotación sexual de prostitución ajena" en Rosario. Los proyectos apuntan a regular de manera más precisa el funcionamiento de wiskerías y cabarets, que en adelante no podrán tener boxes privados, tampoco exigir libreta sanitaria a las "alternadoras" y tendrán que presentar los contratos de locación de servicios del personal que baila que certifique el vínculo laboral. "Es un fuerte mensaje político del Concejo para evitar la tergiversación de rubros y aplicar medidas urgentes en contra de la trata de mujeres con fines de explotación sexual", fundamentó la concejala Mariana Alonso, impulsora de los cambios, quien este jueves pedirá preferencia en el recinto para que la semana próxima comiencen a tratarse los expedientes en comisión. La normativa se aplicará para futuras habilitaciones y los seis cabarets que funcionan legalmente en la ciudad tendrán 60 días para adecuarse.

Acompañanada de ediles de distintos bloques, legisladores provinciales, funcionarios y representantes de ONG vinculadas a la temática, la concejala Alonso destacó la decisión política de la dirigencia política de la ciudad de haber comenzado "a poner en debate iniciativas relacionadas con la trata de personas" en Rosario.

La propuesta ayer ingresada por mesa de entradas promueve modificar parcialmente la ordenanza que regula los espectáculos públicos, disponiendo requisitos particulares para la habilitación de cabarets y whiskerías. En adelante, los empresarios deberán presentar los contratos de locación de servicios del personal para bailar y alternar, por el cual certifique el vínculo con cada una de las empleadas.

La modificación implica la puesta en vigencia de nuevos requisitos edilicios, ya que quedará prohibido que en los locales del rubro existan habitaciones o boxes privados dentro del local, salvo los destinados a vestuario y camarín. Tampoco se permitirán conexiones con instalaciones o inmuebles contiguos, "no pudiendo plantearse como excepción las salidas de emergencia". Además, el municipio a través del Area de la Mujer deberá dictar cursos de capacitación dirigidos al personal sobre "Derechos Humanos de las mujeres e introducción a la problemática de la trata con fines de explotación sexual".

"La idea -destacó Alonso- es impedir la explotación sexual de prostitución ajena, evitar la tergiversación de rubros y ser rigurosos en el ejercicio de poder de policía del municipio". Según la edila del PS son "seis las wiskerías habilitadas como tal en la ciudad que deberán adecuarse en 60 días a la norma cuando se apruebe al igual que todo nuevo local que quiera abrir del rubro".

Para Alonso, el paquete de medidas propuestas "no eliminará el sexo pago en la ciudad, porque quedan otros nichos como los denominados privados, pero evitamos que bajo un paraguas legal se tergiversen rubros".

Las denominadas alternadoras, mujeres que incitan a los clientes a consumir servicios sexuales, quedarán exceptuadas de la exigencia de las libretas sanitarias, "ya que ello implicaba naturalizar la prostitución, la explotación sexual y el proxenetismo", justificó Alonso.

La legisladora destacó que "Rosario no es la primera ciudad que va a modificar la ordenanza de espectáculos públicos en lo que concierne a esta figura tan controvertida como las alternadoras. Hemos revisado ordenanzas y visto que no se les pide libreta sanitaria en otras ciudades. Si se mantiene, legalizamos la explotación sexual".

Alonso también ingresó un proyecto de ordenanza mediante el cual se crea la Mesa Municipal de Trabajo contra la Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual para instalar públicamente la problemática en Rosario; promover la sensibilización y concientización a través de políticas públicas sobre el flagelo que implica la trata de mujeres y la explotación sexual, así como coordinar desde las esferas gubernamentales formas interinstitucionales de asistencia y protección de las víctimas.