La primera vez que Esteban Borgonovo vio a José Rubén Lofiego estaba inerme, a merced de su poder. El represor le hizo sacar la venda. Muchos años después, a fines de la década del 90, el antiguo cautivo era funcionario provincial, y le encargaron elaborar el informe que determinó el retiro obligatorio del hombre que conducía las torturas en el Servicio de Informaciones. El 20 de octubre de 1977, cuando estaba volviendo a su casa -en Tucumán entre España y Presidente Roca- después de hacer un mandado, tres personas obligaron a Borgonovo a subir a un Fiat 128 color rojo, lo pusieron en el piso trasero, boca abajo, y apoyaron los pies sobre su espalda. Lo llevaron al Servicio de Informaciones, donde lo interrogaron y le recordaron la desaparición de muchos de sus antiguos compañeros, todo a los golpes. Borgonovo declaró ayer en la causa Díaz Bessone, que tramita el Tribunal Federal Oral número 2, en la última audiencia del año. El 7 de febrero se retomará el juicio.

Un año y medio antes de su secuestro, Borgonovo había dejado de militar en la Unión de Estudiantes Secundarios por "diferencias políticas, de puntos de vista". No importó. Después del interrogatorio, el Ciego Lofiego le hizo sacar la venda, y le dijo: "Metí en cana a todos tus compañeros". Le preguntó si quería ver una foto de cómo había quedado el desaparecido Raúl Bustos. "Fue una cosa muy perversa", recordó ayer el testigo. Después de 20 días en el SI, lo llevaron a Coronda, donde estuvo detenido hasta el 11 de julio de 1978.

En 1997, Esteban Borgonovo era subsecretario de Asuntos Legislativos del gobierno provincial. Como funcionario del Ministerio de Gobierno que dirigía Roberto Rosúa le encomendaron un informe sobre el personal policial en actividad acusado de formar parte del terrorismo de estado. Para eso, el entonces funcionario pasó meses leyendo la causa Feced, entonces archivada en el subsuelo del edificio de Tribunales federales de Entre Ríos al 400. Como consecuencia de su informe, y de los procesamientos que llegaban desde España e Italia para los represores, al año siguiente el ex gobernador Jorge Obeid firmó el retiro obligatorio de seis comisarios: Lofiego, José Carlos Antonio Scortecchini (estos dos son imputados en esta causa), como así también a Alberto Julio Vitantonio, Ramón Telmo Alcides Ibarra (Rommel), Carlos Alberto Moore y César Heriberto Peralta (La Pirincha). Los últimos cuatro no forman parte de esta causa, sino de la que se conoce como Feced residual.

Sobre aquel informe, Borgonovo remarcó que "si bien la investigación en el país estaba paralizada, había actividad internacional, había reclamos de España e Italia. Por eso, el gobierno tomó la decisión de elaborar un informe basado en la causa Feced".

Aunque el testigo mantuvo durante toda la declaración un tono calmo, admitió que producir el informe fue "tal vez más conmocionante que los fenómenos propios de mi detención". La lectura de la causa lo trasladó nuevamente al centro clandestino que funcionó en la antigua jefatura de policía. "Me permitió leer cientos de declaraciones, donde los nombres y apodos de los integrantes de la patota se repiten incesantemente. Personas que habían sido privadas clandestinamente de su libertad, que habían sido objeto de torturas, violaciones, robos, que habían sido llevadas al SI. Iba todos los días a trabajar bastante conmovido", expresó.

Entre los represores que pudo escuchar -ya que estaba vendado- hace 33 años, como víctima, Borgonovo mencionó también al Cura, Mario Alfredo Marcote, así como al Pelado o Sargento (Ramón Rito Vergara), "que usaba peluquín". Recordó a una persona joven, apodada el Lagarto, Carlitos (Oscar Gómez) y Darío (Julio Fermoselle).

Uno de los abogados defensores, Gritzko Gadea Dorronsoro, le preguntó a Borgonovo si sabía por qué Lofiego le había hecho sacar la venda. "No sé, nunca lo supe. Supuse en aquel momento que sería una especie de fanfarronería", respondió el testigo. El oficial que dirigía las torturas gustaba de hacerse ver por sus víctimas.