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Desde Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas de Rosario, reiteraron ayer su "preocupación la liviandad con que miembros del Tribunal Oral Federal Número 2 de Rosario, dispusieron la más absoluta libertad, es decir sin ningún tipo de control, a los acusados que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad en la causa Díaz Bessone. Son cinco de los imputados que sólo deberán presentarse a partir de el 1º de enero, a firmar en forma semanal ante la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria de la Provincia", dice el comunicado firmado por Elida Luna y Héctor Medina entre otros militantes por los derechos humanos.

"Este hecho a nuestro juicio es gravísimo, tratándose de responsables de Terrorismo de Estado que actuaron bajo la jurisdicción del Comando

del Segundo Cuerpo de ejército, además de ser partícipes directos dentro del centro clandestino que funcionó en el Servicio de Informaciones de

la ex Jefatura de Rosario" agrega el texto.

Los militantes también expresaron su "malestar" con las autoridades provinciales "sin ánimo de entrar en ninguna polémica". "Teniendo en cuenta que en reuniones que tuvimos a mediados del año pasado, organismos de derechos humanos, testigos, querellantes y abogados patrocinantes, con autoridades de primer nivel de la provincia, éstas se habían comprometido a notificarnos de cualquier novedad surgida de los juicios a los represores, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, debemos decir que nuevamente en nuestro caso y hasta donde sabemos, todos los testigos y querellantes, volvemos a enterarnos a través de los medios de difusión, a sabiendas que el ex Patronato de Liberados depende de la provincia de Santa Fe", dice el documento.

Desde Familiares, Medina y Luna remarcaron: "No nos cansaremos de seguir exigiendo como lo hemos hecho por más de 30 años la detención de José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, José Carlos Antonio Scortechini, Ramón Rito Vergara y Ricardo Chomicki, entre otros. Para seguridad de los particulares damnificados, testigos, querellantes y familiares de los compañeros desaparecidos, asesinados y todos aquellos que sufrieron en las mazmorras del terrorismo de estado y que hoy valientemente siguen dando su testimonio". Finalmente exigieron que "también que se respete nuestro derecho a conocer inmediatamente las resoluciones que se tomen".

El lunes la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe había solicitado a la justicia federal que "se adopten medidas restrictivas sobre los imputados en la causa Díaz Bessone".