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Se presentó en el Concejo Municipal un informe de gestión realizada desde el Consejo Asesor para la Defensa de la Vivienda Unica, Inquilinos y PyMEs, que funciona dentro de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. En el mismo se hace un desglose analítico de las 360 sesenta consultas y reclamos realizadas por ciudadanos durante el transcurso del año pasado, revelando, escencialmente, cuáles son los principales problemas o inconvenientes que padecen inquilinos, pensionistas y propietarios de vivienda única.

De las 360 consultas el 45,27 por ciento, son motivadas por problemas vinculados a las locaciones, 40,83 por ciento por vivienda única, 5 por ciento por desalojo, 3,89 por ciento por administraciones de consorcio, 2,78 por ciento por pensiones, y 2,22 por ciento por consultas por planes de viviendas municipal.

De los 163 casos de alquileres, el 92,63 por ciento fueron consultas por incovenientes en locaciones de viviendas con destino familiar y el 7,36 por ciento por alquileres comerciales. La principal preocupación por parte de los locatarios está vinculada con problemas edilicios, vicios ocultos de la propiedad, humedad o filtración de agua en el inmueble locado con 46 consultas, lo que reprsenta el 28,22 por ciento del total.

Ariel D'Orazio, coordinador de la dependencia, señaló que "es preocupante ver la baja calidad de las unidades que se alquilan y la importante falta de respuesta por parte de las empresas que realizan la intermediación inmobiliaria, lo que genera una vulneración severa de los derechos que asisten a inquilinos principalmente".

Otra razón central en los reclamos por alquileres corresponde a inconvenientes a la hora de hacer entrega de la propiedad, generada por las exigencias desmedidas por la parte locadora, con el 14,11 por ciento de los casos.

También se reciben denuncias por las siguientes razones: cobro de expensas extraordinarias y otros cobros indebidos, indexación del canon locativo, instalación eléctrica o de gas deficiente, recisión contractual motivada por exclusiva culpa del propietario, falta de agua en la propiedad, consultas por renovación de contrato, aumento desmedido a la hora de renovar y retención indebida de seña.

El 77,30 por ciento de las denuncias son formuladas contra inmobiliarias, el 12,88 por ciento contra abogados o estudios jurídicos que realizan la intermediación inmobiliaria y el 9,81 por ciento contra dueños directamente.