El gobierno nacional ofreció ayer una recompensa de 100 mil pesos a quien aporte datos para detener a cuatro represores que se desempeñaron en la policía rosarina. Se trata de César Heriberto Peralta, alias "Pirincha", Antonio Tuttolomondo, alias "Tony", y los hermanos Rodolfo Daniel y Carlos Gabriel Isach, todos ellos investigados en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ﷓a través de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia﷓ ofreció ayer 100 mil pesos para aquel que aporte datos ciertos que permitan ubicar a estos sospechosos, en el marco de causas que tramita el juzgado federal 4 de Rosario, a cargo del juez Marcelo Bailaque.

Peralta, de 56 años y prófugo desde el 28 de agosto de 2006, fue un ex oficial de la policía de Santa Fe que reportó en la División Informaciones durante la última dictadura y está acusado de al menos 23 casos de tormentos y apremios ilegales, entre ellos el del militante comunista Sergio Schilman.

En tanto Tuttolomundo, de 53 años y prófugo desde el 5 de mayo del 2008, está acusado de delitos de privación ilegítima de la libertad, violencia, amenazas, torturas y homicidio en el caso de Conrado Galdame, un joven militante del Partido Socialista de los Trabajadores, secuestrado el 16 de diciembre de 1978 por la patota de Feced y asesinado en el mismo Servicio de Informaciones donde había sido torturado. El caso se completa con el montaje de un supuesto enfrentamiento, armado en un operativo en el que la patota, se dirigió al domicilio de Conrado, y asesinó a dos habitantes de la casa, los hermanos Rory Chuang Céspedes y María Antonieta Chuang Céspedes.

Los hermanos Rodolfo Daniel y Carlos Gabriel Isach, de 57 y 63 años, respectivamente, están acusados en el marco del juicio oral que ventiló el año pasado el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario, en la llamada causa Guerrieri. En ese juicio se condenó a prisión perpetua a Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Daniel Amelong, y a los civiles Walter Pagano y Eduardo Costanzo por los crímenes ocurridos en los centros clandestinos de detención Quinta de Funes, La Calamita, La Intermedia, Escuela Magnasco y Ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. Los hermanos Isach fueron seguidos de cerca por Eduardo Costanzo, quien lo denunció por habitar un chalet en Ostende, lindero con Pinamar. Los datos los acercó a la justicia federal, pero nada se consiguió.

La Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia se creó en mayo de 2008 a partir de la promulgación de la Ley 26.375 por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En esa ley se impulsó un Fondo de Recompensas, destinado a abonar una compensación dineraria a aquellas personas que brinden información determinante para la detención de personas buscadas por la Justicia que registren orden judicial de captura o búsqueda de paradero por haber sido autores, coautores, encubridores y partícipes necesario, en causas penales en las que se investiguen delitos de lesa humanidad.

La identidad de la persona que suministre la información ante la Unidad Especial será mantenida en secreto, aún para los agentes que intervengan en la ejecución de la captura. Tanto los miembros de las Fuerzas de Seguridad como de las Fuerzas Armadas pueden ser denunciantes.

Quienes puedan aportar información útil para dar con el paradero de los prófugos, pueden hacerlo llamando al (011) 5300﷓4020, escribiendo a la casilla de correo electrónico [email protected], o ingresando al sitio oficial del Ministerio de Justicia: www.jus.gov.ar, donde están exhibidas las fotos de los fugitivos.