La jueza Correccional de la 10ª Nominación, Delia Paleari, desmintió haber dicho que el acampe en la plaza Pringles no configura un delito. En un comunicado, la magistrada detalló que su juzgado "está investigando el impedimento de la movilidad de transporte y vehículos en ese lugar", con respecto a los cortes del lunes y martes de la semana pasada. La magistrada remitió copia de los informes al Juzgado de Faltas en turno, "a fin de investigar la posible comisión de una contravención". Por su parte, el intendente Miguel Lifschitz dijo ayer que "se ha hecho una interpretación demasiado ligera, porque leyendo la resolución, e incluso por lo que transmitieron los asesores jurídicos de la conversación con la magistrada, en realidad lo que ella determina es que no considera delito el corte de calle, pero sí decide seguir investigando a dos de los responsables políticos del acampe, derivar esas actuaciones al juez que ha acumulado causas anteriores (Instrucción 6º), y por otro lado deriva al juzgado de Faltas en turno para que analice la situación de ocupación de la plaza". Al mismo tiempo, Fernando Asegurado, secretario de gobierno municipal, se quejó que la resolución motivó a los manifestantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) --que mantienen ocupado el espacio público hace 20 días-- a trasladar el reclamo con tres cortes en la ciudad.

El comunicado judicial contradice la versión que había publicado el diario La Capital, acerca de que no había delito por ocupación del espacio público en el marco de la presentación municipal. El titular de Asuntos Jurídicos del municipio, Alejandro Schwartzman, dijo a Rosario/12 que "hay tres cuestiones diferentes en torno al tema"; y enumeró: "Por un lado está la cuestión del acampe y la ocupación del espacio público, sobre el que todavía no hay ninguna resolución para que se retiren los manifestantes; por otro, el tema de los cortes de calle en esa zona, que se continúan investigando y al parecer hay antecedentes de las personas que los hicieron; y otro tema es el de los daños al mobiliario, que hasta ahora no se constataron, pero si se constatan recaerán en delito como consecuencia del acampe". Además, indicó que se remitieron todas las actuaciones al Juzgado de Faltas.

Lifschitz aseguró: "No pretendemos represión policial como ocurrió en Jujuy, no creemos que ése sea el mecanismo. La justicia puede recurrir a una mediación obligatoria, a pedirle a los responsables de esa movilización el listado de beneficiarios, tiene herramientas para generar una solución al problema y eso es lo que les estamos pidiendo".

La jueza Paleari aclaró que aplicará el artículo 194 del Código Penal, que prevé sanciones para quienes impiden el tránsito vehicular, y para ello, solicitó la filmación de las cámaras de seguridad municipales

"con el fin de asegurar toda la prueba ante la comisión de posibles delitos".

"Este juzgado continúa con la realización de las distintas medidas solicitadas por la Fiscalía, entre ellas identificar personas en la posible comisión del delito acuñado por el artículo 194 del Código Penal como de la comisión de otros delitos. El informe policial dice que la interrupción de la circulación vehicular se produjo el lunes 25 de julio, con una duración de 15 minutos, durante la tarde, y el día martes 26 de este mes de 12.30 a 14.30", dice el comunicado.

En tanto, los cortes de la CCC se realizaron hasta pasadas las 15, en Circunvalación y España, Circunvalación y Uriburu, y un tercero en Felipe Moré y Juan José Paso. Si bien el reclamo es por el plan "Argentina Trabaja", sumaron otra serie de puntos como ayuda escolar para 1200 chicos, incorporación de las mujeres a puestos de trabajo, y que se incrementen sueldos a quienes trabajan en puestos de cooperativas.