La pelea del lobby rosarino por el aeropuerto local contra la interrupción de los vuelos de Lan Perú a Lima se zanjó ayer por la vía judicial antes que por la política. La jueza federal Sylvia Aramberri dictó una medida cautelar a partir de un planteo de la aerolínea para que pueda continuar con esos cuatro servicios semanales por treinta días hábiles más. El gobernador Hermes Binner dijo que "Rosario necesita que haya más vuelos y no menos, como pretende el gobierno nacional", y juzgó que "sería lamentable" si la posición de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) estuviera influida por la campaña electoral en la que él compite con la presidenta Cristina Fernández. El presidente del directorio del aeropuerto, Raúl Garo, precisó que esa terminal dejaría de percibir unos 900 mil dólares anuales si Lan deja de volar desde Rosario. Y para marcar mejor el contraste, aprovechó la ocasión para enumerar varias inversiones en infraestructura para la terminal aérea de Fisherton.

"La cautelar que aceptó la jueza representa un desahogo, mientras tanto trataremos de interpretar los motivos de la Anac para denegar el pedido de renovación de permiso que hiciera la compañía aérea", dijo el funcionario ayer, durante la inauguración del nuevo acceso a la aeroestación.

La negativa de la autoridad nacional a renovar el permiso de Lan Perú para cubrir el servicio Rosario-Lima había sido defendida por el diputado Agustín Rossi, al denunciar que la empresa incumplió un acuerdo de no desviar pasajeros hacia terceros países. La mayoría de los 3.000 pasajeros que usan ese vuelo lo hacen para trasbordar a otros destinos internacionales. "Rossi está equivocado, y su anuncio de que un avión de Aerolíneas Argentinas reemplace este servicio volando a Ezeiza perjudica enormemente al Aeropuerto Internacional Rosario (AIR), porque dejaría de percibir la tasa de pasajero internacional: 29 dólares por cada uno, a razón de 25.000 pasajeros entre diciembre y el 31 de agosto, es una pérdida de casi 900.000 dólares al año que pasaría cobrar Aeropuertos Argentina 2000", analizó Garo, en alusión a la operadora privada de todas las aeroestaciones del país, menos las de Rosario y Sauce Viejo. Luego, enumeró varias inversiones realizadas y a realizar como la ampliación de la sala de embarque, una nueva cinta transportadora, y mayor espacio de estacionamiento vehicular, entre otras. El mayor anuncio fue el de la licitación nacional por 33 millones de pesos para restaurar y ensanchar la pista de aterrizaje del aeropuerto.

Binner reclamó "un trato igualitario como sucede con el aeropuerto de Córdoba, que tiene vuelos a varios países, mientras que aquí pareciera que el gobierno pretende subsanar el déficit de Aerolíneas con los pasajeros de Rosario". El gobernador desestimó la alternativa que baraja la Anac de ofrecer salida vía Ezeiza y por Aerolíneas a partir del 1º de enero. "Eso no le sirve a la gente que usa el servicio. Es una discriminación que los rosarinos no merecemos y que debemos defender todos juntos", reiteró. Consultado sobre posible connotaciones políticas del conflicto, en tanto él como candidato presidencial opositor, Binner dijo que "sería lamentable si así fuera".

Así como el miércoles Binner y la intendenta electa Mónica Fein nacionalizaron el lobby en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires, ayer en el hall del AIR campeó el mismo clima, reforzado por la presencia de una docena de funcionarios, entre ministros provinciales, secretarios municipales, legisladores y empresarios, incluidos el intendente Miguel Lifschitz, su par funense Juvenal Rímini, y el propio Binner, claro.

El ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medioambiente, Antonio Ciancio, instó "a los santafesinos a salir en defensa de este aeropuerto".

La obra inaugurada ayer es una doble traza que une el aeropuerto con la avenida Fuerza Aérea (continuación de calle Mendoza), con un puente sobre la vía del Nuevo Central Argentino y otro sobre la ruta nacional nº 9, con trébol intercambiador e infraestructura para el drenaje hídrico. La obra costó 46,3 millones de pesos, y estuvo a cargo de las empresas Edeca, Obring y Milicic.