La justicia federal ordenó exhumar más de 120 tumbas del Cementerio La Piedad, en busca de los restos de militantes desaparecidos durante la última dictadura, enterrados bajo el rótulo "N.N". La causa original se había iniciado en 1984, pero recién tomó impulso serio en el año 2005. La fiscal federal Mabel Colalongo está al frente de la instrucción del expediente y en ese marco ya se decretó que desde mañana comience a trabajar el Equipo Argentino de Antropología Forense. La búsqueda está orientada a las tumbas en la tierra, que son gratuitas por el término de dos años, luego de lo cual los restos son derivados al osario. Sin embargo, en el mismo expediente figura un dato preocupante: Fruto de la negligencia, no siempre eran retirados los restos antes de sepultar al siguiente, sino que se los "apilaba". Esto va a complicar las tareas de reconocimiento, según los especialistas.

La denuncia original tuvo lugar ante una fiscalía provincial el 14 de marzo de 1984, quien le pide al juez de instrucción Martín Ayarza que se inicie una investigación a partir de diversas publicaciones periodísticas. A raíz de esta búsqueda de información sobre NN se anexa al expediente un listado donde constan las muertes violentas, por sexo, edad y motivos de muerte.

En el mismo legajo se adjuntaron las licencias y boletos de inhumación de los cuales se deduce el lugar de enterramiento, así como la comisaría que intervino en este trámite. Para el mes de diciembre 1984 se pudo establecer a través de un documento oficial la procedencia de cada cuerpo: si había intervenido la justicia, la policía o el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.

El 15 de diciembre de 1986 la misma fiscal que instruía la causa ante las pruebas documentales que señalaban que personal militar podría estar involucrado en el caso de enterramiento de personas NN por muerte violenta, le solicitó al juez de la causa que se declare incompetente y pida la intervención del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. El magistrada así se lo hace.

En 1987 la justicia federal le pide al Consejo Supremo en el marco de la Causa Feced, que le remita este expediente, así como que se declare sobre su competencia y le informe la misma a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Eran tiempos en los que llegarían las leyes de impunidad: Punto Final y Obediencia Debida con las cuales el expediente dormiría hasta el año 2005.

La entonces fiscal federal Griselda Tessio fue quien solicitó la reapertura, merced al pedido de un miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense. Luego de la reapertura se comenzaron a concretar las primeras pericias técnicas a efectos de lograr establecer el origen de los numerosos enterramientos de cuerpos NN en el Cementerio La Piedad.

Ya en el año 2007 se presentó el plan de trabajo del EAAF, y se concretó la declaración del entonces director de la necrópolis, el maestro mayor de obra Mario Quinteros.

En el año 2008 se concreta una de las medidas más polémicas (por su resultado) del expediente: con el listado de muertos NN enterrados en La Piedad, se solicitó a la Corte Suprema de Justicia provincial que se entreguen las autopsias correspondientes a esos casos ocurridos entre 1976 y 1983, para establecer con precisión el motivo de las muertes. Llamativamente el máximo órgano judicial santafesino, que tiene bajo su responsabilidad la documental, contestó que las necropsias de los años 1975, 1976, 1977 y 1979 no estaban en su poder.

En el año 2009 el cementerio La Piedad, entrego el listado detallado de enterramientos NN. En marzo de 2010 es nombrado Miguel Nievas del EAAF a cargo de las tareas de exhumación y se aprueba su plan de trabajo.

En abril de 2011 se dictó la medida de no innovar sobre el centenar de tumbas NN. Los solares en cuestión son los numerados como 58, 73, 74 y 75 y las sepulturas están identificadas con cartelería que recuerda la orden judicial, y están ubicados en el sector delimitado por Provincias Unidas, 27 de Febrero y avenida de Circunvalación.

Las tareas de exhumación no serán sencillas, si se tiene en cuenta un dato del mismo expediente: Del relato de viejos conocedores de la práctica en este cementerio, se advierte que "en las tumbas en tierras que son gratuitas, cada dos años se remueven los restos óseos y se los destina al osario, cuando nadie los reclama. Pero fruto de la negligencia o la desidia, muchas veces no son retirados los mismos sino que se hecha mano a una práctica macabra: Se coloca una manguera y se inunda la fosa y con la ayuda de un pisón se comienza a presionar hacia abajo hasta destrozar el féretro y logra algo de espacio, para entonces colocar encima el nuevo ataúd con otro cuerpo. Según el relevamiento inicial hay tumbas con cinco, seis y hasta siete cuerpos apilados".

Un dato no menor: el cementerio La Piedad ya no tiene el mismo director, aunque este dato no implique en si mismo una responsabilidad penal de aquel funcionario. Cabe remarcar que la actual directora de Cementerios, Marina Borgatello ha colaborado en esta última parte de la investigación realizada por el doctor Andrés Montefeltro, un miembro del equipo que dirige la fiscal Colalongo.

Desde hace un tiempo, otro funcionario dirige La Piedad, y sin dudas su apellido habrá sido tenido en cuenta ante la dimensión de la gestión que debe encarar: se trata de Juan Valiente.