La comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal, con la firma de tres ediles socialistas y el aliado Oscar Greppi (ARI), otorgó ayer despacho al proyecto que autoriza al Ejecutivo, por el término de doce meses, a fijar el valor de la tarifa del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) cuando exista un desfasaje igual o mayor al 10 por ciento entre la tarifa actual y el estudio de costos. La titular de la comisión, Clara García (PS), explicó a Rosario/12 que la autorización se otorgará dentro de los requisitos establecidos en el estudio de costos; en particular los referidos a los incrementos salariales -con la mira puesta en las paritarias de los choferes prevista para los primeros meses del año próximo- y a los subsidios. La iniciativa, que será tratada en la sesión de hoy fue criticada por el vicepresidente de la comisión, el concejal de Encuentro por Rosario, Fernando Rosúa. "Quitarle esta potestad al Concejo ante el miedo de perder la mayoría rompe todas las reglas de juego democrática institucional", precisó el edil.

En otro esfuerzo de los concejales oficialistas para aliviar en términos financieros el inicio de gestión de la intendenta electa Mónica Fein; el socialismo logró ayer un despacho que autoriza a la intendencia a fijar la tarifa del boleto durante un año, en caso de que se registrara una variación igual o superior al 10 por ciento entre el precio actual y el estudio de costos.

Teniendo en cuenta que el último estudio de costos elaborado en agosto por el Ente de Transporte Rosario estableció el costo tarifario neto en 2,64 pesos, y frente al futuro incremento en el sueldo de los choferes, Fein podrá hacer uso de la autorización para el futuro aumento del boleto.

García explicó que no se trata de una delegación, sino que es una autorización al Ejecutivo a fijar las tarifas, dentro de un marco con varios requisitos. La concejala indicó que existen antecedentes de delegaciones de facultades completas, como en el caso de la ciudad de Santa Fe. "Nosotros preferimos respetar nuestra ley Orgánica, que esa facultad la detenta para el Concejo, y entonces hacer una autorización con estas condiciones", argumentó.

"Sorpresivamente nos desayunamos que el socialismo tenía la intencionalidad de delegar el poder de fijar la tarifa que tiene el Concejo en el intendente por 18 meses, al menos así lo plantearon", dijo Rosúa. "Quitarle esta potestad al cuerpo a una semana de la asunción de los nuevos concejales, elegidos por el voto popular, y ante el miedo de perder la mayoría, rompe todas las reglas de juego democrática institucional", agregó.

Cuando los concejales discutían semanas atrás el mensaje enviado por el intendente Miguel Lifschitz para llevar el boleto a 2,50 pesos (finalmente quedó en 2,30); éste pidió a los concejales opositores que no dilataran su tratamiento y propuso que le delegarán la facultad de autorizar el incremento para no obligarlos a tomar una medida "poco simpática".

"Por más que Lifchitz lo haya pedido, los concejales nunca plantearon eso como viable; es más, el último aumento llevó casi un mes de discusión en el Concejo donde hubo aportes de los distintos bloques para aportar medidas alternativas", subrayó Rosúa. "Si el aumento pasado se hubiese dado en este nuevo marco, el boleto hoy estaría costando 2,50 pesos porque era lo que quería el Ejecutivo", agregó.

Greppi justificó la autorización "debido a la posibilidad cierta de que los subsidios nacionales en el curso del año próximo disminuyan o desaparezcan, y ante un incremento salarial inminente en el mes de abril". Respecto a las críticas de los ediles opositores, Greppi dijo que "los mismos concejales que hoy pueden cuestionar el despacho, han apoyado en otras oportunidades la delegación de facultades".