La decisión de Antonio Bonfatti y su equipo sigue en pie. La consigna es mostrar una posición mesurada y dialoguista para transitar al menos un primer año de gestión en paz ante un PJ heterogéneo pero dominante en la Legislatura, y el kirchnerismo fortalecido en la Nación tras el rotundo plebiscito de la elección presidencial. El presidente de Diputados, Luis Rubeo, ha sido condescendiente en esta danza de gestos y ha dicho que "Bonfatti demuestra una vocación de diálogo que nunca vimos en Hermes Binner". Sin embargo, en este primer tramo veraniego, el gobierno provincial tomó nota de tres asuntos en los que puede medir los límites de la cortesía opositora.

El primer tema de aviso ha sido el reproche del kirchnerismo y de organizaciones sociales afines porque la versión inicial que circuló sobre el triple asesinato en villa Moreno fue la de un ajuste de cuentas entre delincuentes, cuando luego se comprobó que las víctimas eran militantes barriales y nada tenían que ver con el hampa. Y, a continuación, severas críticas hacia el manejo de la seguridad pública y la penetración de las economías delictivas en la trama social.

El diputado provincial Eduardo Toniolli remarcó que en 2011 ocurrieron 170 asesinatos en Rosario "cifra récord" y que 72 de ellos fueron considerados "ajustes de cuentas". "El Estado provincial debe abandonar la anomia frente a estos crímenes horrendos de jóvenes en nuestros barrios, aún en el supuesto de que se trate del resultado de enfrentamientos de bandas por el control del territorio", reclamó el referente del Movimiento Evita.

El concejal Roberto Sukerman entendió que el fusilamiento de Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez son consecuencia de "la falta de políticas específicas para los barrios, de presencia policial para prevenir el delito y de acciones concretas para la lucha contra el tráfico de drogas" y agregó que el Estado "sólo parece invertir en las zonas céntricas y deja abandonados a los barrios". "Para el socialismo, el asesinato de pobres siempre es ajuste de cuentas", aseveró a dúo con su compañera en el bloque del FPV, Norma López. La concejala endilgó: "Estigmatizan la juventud y la pobreza con las adicciones, que se combaten con políticas públicas en salud mental; y al narcotráfico, con decisiones del poder político gobernante".

Desde el socialismo, Clara García les recordó a estos ediles la "dimensión federal que debe tener la lucha contra el narcotráfico, como un delito de orden transnacional, la falta de radarización y de control fronterizo eficaz para evitar el ingreso de drogas", y el detalle de que gobiernos anteriores, de su partido, también han de tener responsabilidad en esta coyuntura.

Con todo, el jefe del Ejecutivo y su ministro de Seguridad, Leandro Corti, neutralizaron esas estocadas el viernes al mediodía, cuando recibieron a los padres de los jóvenes asesinados. Les prometieron compromiso del gobierno con la investigación judicial, tolerancia cero para con policías cómplices del delito y apoyo para garantizar la seguridad de los testigos de la causa. "Somos sumamente enérgicos con cualquier irregularidad del accionar policial. Cuando se la ha percibido, se dispuso en forma inmediata el pase a disponibilidad de los funcionarios involucrados", remarcó Corti.

Copyright de 15 millones

El agravamiento de la situación en el norte por la sequía también puso al descubierto que el kirchnerismo no está dispuesto a regalar espacios al gobierno. Cuando Bonfatti visitó la semana pasada Tostado y Villa Minetti, les anticipó a productores ganaderos que el Ministerio de Agricultura pondría 15 millones de pesos para paliar los efectos de la falta de lluvias. Luego de eso, los diputados del FPV saltaron para acreditarse la gestión y dar su versión al asegurar que fueron ellos quienes tramitaron ese aporte no reintegrable de la cartera nacional.

El jefe del bloque, Agustín Rossi, y los diputados Claudia Giaccone y Omar Perotti, más el titular de la Cámara Baja provincial, Luis Rubeo, afirmaron haber participado del trámite ante el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar. Estos estarán firmes el lunes 16 cuando Bonfatti y Yauhar rubriquen el convenio por el cual la Nación desembolsará tres pagos de 5 millones de pesos cada uno, orientados a pequeños y medianos productores del departamento 9 de Julio.

"Está bien que se involucren en beneficio de la provincia, mejor que sea así", rescató un funcionario cercano al gobernador al minimizar ese round por el crédito de una ayuda que, por sobre todo, no solucionará el problema de fondo.

"La mejor manera de encarar el problema fue ir al lugar de los hechos, y no enterarnos desde el escritorio. Nos llevamos tarea y vamos a cumplirla", declaró Bonfatti desde el norte, cuando desembarcó junto al vicegobernador, ministros y secretarios en un terreno que al Frente Progresista le ha sido adverso en las últimas elecciones. De rebote, uno de los caudillos peronistas de la región ﷓el intendente de Tostado, Enrique Fedele﷓ abandonó su habitual y ácido discurso opositor y tomó un tono conciliador. "Lo más importante es que hayan venido", valoró. Y el otro jefe político de la zona, el senador reutemista Joaquín Gramajo, mantuvo perfil bajo y esta semana participó de la reunión que el Ejecutivo le brindó al hegemónico bloque justicialista del Senado. De Rossi para abajo tomaron nota y enseguida se anotaron en la escena. El lunes 16 saldrán en la foto.

Cuentas públicas

El tercer tópico con el cual la oposición K pareciera marcarle la cancha y acortar las riendas a Bonfatti ha sido el pago de sueldos al personal estatal. Esta semana la administración pública vio modificado su calendario habitual de cobros y el arco kirchnerista que habita el bloque justicialista en la Cámara de Diputados provincial no dejó pasar la oportunidad. En un comunicado firmado por el Movimiento Evita (Gerardo Rico), Partido del Progreso Social (Oscar Urruty), 100x100 Santafesino (liderado por el diputado nacional Cachi Martínez), Producción y Trabajo (liderado por el titular de Upcn, Alberto Maguid), expresaron "profunda preocupación" por el cronograma salarial que se estira hasta el jueves 12 para personal judicial, legislativo y del Tribunal de Cuentas. "Es un atraso inédito, no estamos en emergencia, y si fuera así, que el gobierno la declare", señalaron. El reclamo vino a cuento de que antes de fin de año se avinieron a aprobar una partida extra de 1.400 millones de pesos en el presupuesto para afrontar el pago de haberes.

El secretario de Hacienda, Carlos Fernández, cruzó el embate y explicó que "el cronograma de pagos se corrió sólo un día para el personal de planta, que ha venido cobrando desde el primer día hábil bancario y ya terminó de hacerlo". Ese corrimiento, prosiguió, determinó la fecha de los empleados de los otros poderes, Tribunal de Cuentas y funcionarios superiores. Pero desdeñó la alarma pretendida por los diputados K: "Es un momento excepcional; luego de pagar los aguinaldos, hubo pocos días hábiles para afrontar los pagos siguientes y, por sobre todo, hay municipios y comunas de todos los signos políticos que reclaman adelantos porque no pueden pagar sus salarios", contestó.

Seguridad, sequía, cuentas públicas. Parecerían demasiadas pistolas desenfundadas para el inicio de un período en un año que, además, ni siquiera tiene elecciones en su calendario. Había empezado con buen pie entre oficialismo y oposición. Lo habían demostrado en vísperas de la asunción de Pedro González al frente de la exhausta Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez. Pero esta semana la foto política empezó a cambiar. No es un planteo extraño el del kirchnerismo santafesino si se tiene en cuenta que la conductora del movimiento, habiendo sido reelecta por el 54%, lejos estuvo de ofrecer una tregua y de inmediato profundizó el enfrentamiento con Hugo Moyano, con el grupo Clarín, y puso en la mira a la city financiera donde el dólar amagó a dispararse en el último trecho del año. Aquí tampoco, en verano, la política se tomará vacaciones.