Tras cinco días bajo el sol ardiente de enero, el 80 por ciento de las familias que ocupaban ilegalmente un terreno de Avellaneda al 4200, liberaron el predio. Luego de la denuncia que presentó anteayer el municipio ante la Justicia, el juez Correccional Nº 5, Carlos Leiva, junto al secretario del juzgado, Adrián Orso y el fiscal Aníbal Vescobo, llegó al predio para conversar con los vecinos, donde lograron el compromiso de las familias para desocupar el espacio de cinco hectáreas, tras ser censados por más de 60 profesionales de la Municipalidad, que registraron cada necesidad particular para abordarla de manera puntual. Ese trabajo continuará el lunes, con las familias restantes, que si llegan a resistir la retirada, la Justicia deberá actuar. Ya a las 16, la situación estaba prácticamente resuelta: "Sólo quedan por resolver algunos casos de gente que manifestó no tener adónde ir, pero se estaba resolviendo", dijo Fernando Asegurado, secretario de Gobierno. Por su parte, el secretario del Juzgado señaló: "Estuvimos conversando con funcionarios y vecinos. Después de escuchar a las partes, quedaron en aceptar ser censados y luego liberar el terreno", dijo Orso, pasado el mediodía. Los vecinos reclamaron garantías al gobierno y a la Justicia: el juez les garantizó que no continuaría la causa judicial si accedían a retirarse; mientras que el Municipio les prometió "un seguimiento de los casos". Asegurado, destacó la actitud del juez Leiva: "Cada vez que lo llamamos, fue al predio y su presencia fue fundamental y muy positiva", reconoció.

El relevamiento estaba anunciado para las 9 de ayer. La medida adoptada por el municipio comenzó con normalidad, pero cuando se había entrevistado a las primeras familias, otras que esperaban ser censadas manifestaron su negativa a levantar el precario campamento. "No nos vamos a ir sin garantías", aseguraron.

El revuelo motivó la visita del juez de la causa, que apenas supo de la complicación llegó al predio. "La denuncia ingresó hoy (por ayer) temprano al juzgado y antes de tomar medidas decidimos ir a conversar con las partes", señaló Orso sobre el procedimiento que finalmente llegó a buen puerto para desocupar el predio. Se trata de un terreno compartido entre UPCN, que planea construir viviendas para los empleados estatales; el municipio, que lo ocupará para un espacio verde; y un propietario privado.

La usurpación comenzó el domingo pasado, al anochecer, con al menos 50 familias, pero ya el segundo día, se sumaron varias más, ante la falta de control. Los protagonistas eran, en su mayoría, parejas jóvenes con hijos, provenientes de diferentes barrios cercanos, todos de la zona sudoeste, que manifestaron no tener adónde vivir. Muchos de ellos aseguraron que compartían pequeñas viviendas con padres o suegros, donde las situaciones eran de "hacinamiento", según indicaron. "Hay diferentes realidades de las que fueron tomando conocimiento los funcionarios municipales y provinciales que llegaron al predio. Fue una jornada muy intensa, con mucho trabajo, pero estamos muy contentos porque es una nueva experiencia que se suma a las que ya teníamos porque ocupó a muchas áreas y encontramos un compromiso muy importante de parte del juez, que en tres oportunidades fue al terreno", señaló Asegurado.

Tras el censo, aseguró que los psicólogos y trabajadores sociales de Promoción Social se llevaron "mucho material de trabajo para avanzar en la solución, y generamos confianza con las familias". La semana que viene, habrá una primera reunión de trabajo.

Por su parte, Jorge Elder, secretario General del municipio, aseguró: "Como dijimos ante el juez Leiva hay un compromiso del Estado municipal y también de la provincia para hacer un abordaje de la situación. Habrá una reunión con referentes en función de analizar la problemática y conocer cuáles son las necesidades reales y las menos importantes".

Al mismo tiempo, hizo un repaso de las medidas que se vienen realizando desde la provincia para paliar el déficit habitacional: "Hay todo un plan de urbanización que pretende continuar. Entendemos que la Zona Cero va a descongestionar mucho, también se va a reubicar al asentamiento de Las Flores que está en el acceso a Rosario. Lo iremos haciendo paso a paso con la ayuda imprescindible del gobierno nacional", sostuvo.

Para poner el caso habitacional de esta semana en el contexto general de la ciudad, Asegurado indicó que en Rosario hay "más de 90 mil personas que viven en asentamientos irregulares". Según indicó, "el problema habitacional en la ciudad es algo que se conoce dentro de la Municipalidad, pero que lleva tiempo resolver".