El relevamiento del programa de regularización catastral que realiza el gobierno provincial determinó que las grandes industrias ubicadas a la vera de la Avenida Circunvalación presentan "un nivel de informalidad muy grande". El peritaje de galpones para guarda de camiones, colectivos, mercadería y distribuidoras arrojó resultados sorpresivos. "Encontrar un galpón con 25 camiones adentro, de una empresa reconocida, una distribuidora que no estaba en tributación, me shockeó", indicó a Rosario/12 el Subadministrador del Servicio de Catastro e Información Territorial, Horacio Palavecino. Por su "envergadura", Rosario fue estudiada a través de proyectos particulares que permitieron incorporar 500 mil metros cuadrados de construcciones que no estaban declaradas. Ya se relevaron 76 localidades. Llamativamente, Catastro descubrió el mismo nivel de informalidad en los barrios cerrados que en un barrio periférico. No hay relación entre el nivel socioeconómico elevado de algunos sectores y la "ciudadanía tributaria". En realidad, es "inversamente proporcional".

Hay dos maneras para actualizar los valores catastrales de la provincia. "Masiva, en un mismo momento", como la que efectuó en 1994, la última hasta tanto se produjo una renovación, a finales del año 2008. Bajo esas características, el gobierno desembolsó una cantidad de recursos cercana a los 15 millones de pesos. Pesos que eran dólares en la década del 90. "Hoy no tenemos esa posibilidad. Por eso implementamos un programa con los Municipios y Comunas", explicó Palavecino.

Comenzaron con tres localidades menores: Andino, Villa Cañás y Oliveros. Como se encontraron con un resultado "alarmante", de entre el 54 y el 80 por ciento de informalidad, decidieron priorizar a las 50 ciudades de toda Santa Fe con el ánimo de "concientizar la importancia de un catastro actualizado, mejoras relevadas, inventariadas, valorizadas y en tributización". De ese modo, lograrían generar un aumento en la emisión del impuesto inmobiliario y la tasa local.

Pasaron catorce años entre el último que se llevó a cabo y el actual. Pero "debería hacerse en un período de entre 5 y 8 años. Por la explosión de la construcción y el boom económico desde 2005, que paró en 2009 y retomó, debería ser un programa continuo", entendió el funcionario del Ministerio de Economía. Actualmente, se estudian entre 4 y 6 localidades al mismo tiempo. La media provincial del porcentaje de construcciones no declaradas llega al 40 por ciento de lo relevado, aunque en algunas localidades trepa al 80, una cifra tan elevada como sorprendente para quienes hicieron el trabajo. "Estamos viendo el resultado tributario después de tres años de incorporación de mejoras, lo que hoy detectamos empieza a tributar el 1º de enero del año siguiente", detalló Palavecino. No obstante, la modificación en los tributos no tiene correlación directa con el incremento de las arcas provinciales y locales. Ocurre que las emisiones "llegan a las comunas y municipios y ellos se encargan de entregarlo puerta a puerta". Si la autoridad local no controla este proceso no observará diferencias en sus ingresos por estos ítems.

Rosario es la ciudad dónde más metros cuadrados se incorporaron. Por su extensión, no se podía implementar el mismo programa que en otras ciudades. Por esa razón, se priorizaron áreas industriales, sectores de grandes comercios, grandes galpones, el sector hotelero, barrios cerrados y clubes de campo y un foco en edificios de propiedades horizontales. Se efectuaron cuatro proyectos independientes y se incorporaron más de 500 mil metros cuadrados en los últimos dos años siendo el área industrial de Circunvalación el de mayor informalidad, "similar a lo que ocurrió con el Operativo Puerto, que descubrió que Dreyfus, Nidera, Cargill estaban tributando a nivel de baldío".

Asimismo, en el sector industrial de gran peso a nivel provincial como el que constituyen Las Parejas, Armstrong y Las Rosas también descubrieron irregularidades "importantes". "Encontramos directamente industrias que no estaban declaradas formalmente, que tenían plano de construcción, medidas de seguridad adoptadas, controles, pero esa información quedaba en un cajón de la municipalidad", describió Palavecino. Tras corregir el desfasaje, este trío de ciudades aportó el "mayor impacto tributario".

La Provincia incorporaba anualmente entre 1 y 1,5 millones de metros cuadrados inmobiliarios. Pero desde que inició el programa de regularización territorial, en los últimos tres períodos se sumaron entre 4,5 y 5 millones "todos los años". De ese total, el 70 por ciento corresponde a tres grandes ciudades: Rosario, Venado Tuerto y Villa Gobernador Gálvez. No a Santa Fe ciudad, que no cobijó "una explosión de construcción tan grande". Trabajar en Villa Gobernador Gálvez fue "tortuoso" porque hubo que "empezar de cero", mientras que en Venado cotejaron una informalidad "muy alta", pero fue fácil de regular gracias a la "muy buena política urbana" de la localidad.

En el caso de los edificios lujosos de Puerto Norte, el "filtro municipal" contribuyó a que "no tengan escapatoria" y se sometan a la declaración de todas las construcciones. Distinto es el caso de los grandes emprendimientos inmobiliarios "que trabajan con fines especulativos". "Son desarrollos que se desenvuelven en un término de entre uno y cuatro años. Se venden, empieza la construcción, ahí deberían tributar, pero no empiezan hasta que se hace la escritura, lo que genera un desfasaje de dos o tres años. Encima, en algunos casos fueron habitados. Se publica todos los domingos que se están vendiendo lotes, pero ya es parte de la ciudad. Se vende como ciudad, pero todavía es campo. Así le ganan en el tiempo a la administración local", sostuvo Palavecino.