El sindicato de los estatales UPCN anunció un paro en Rosario si la provincia o el municipio no desalojan el predio de bulevar Avellaneda al 4200, donde más de 100 familias continúan con la ocupación de terrenos que iniciaron a mediados de enero. Se trata de aquellos vecinos que no aceptaron la negociación propuesta por la municipalidad para abandonar el lugar y que reclaman ese loteo --o uno equivalente-- de inmediato. Los habitantes se quedaron en los terrenos donde el gremio estatal construye un plan de 135 viviendas e incluso se sumaron algunos de los que en principio habían aceptado negociar. "Creemos que el terreno debe liberarse, que los planes de vivienda de UPCN son tan importantes como las necesidades de las personas que están ocupando el predio. Pero la tarea excede lo que puede hacer el municipio", afirmó la subsecretaria general de la Municipalidad, Lorena Carbajal, quien adelantó que hoy le entregarán un informe a la Justicia sobre lo realizado.

Por su parte, el secretario general de UPCN en Rosario, Néstor Audero, aseguró: "Ya tenemos previsto lo que vamos a hacer, la semana que viene nos reuniremos en asamblea y tenemos mandatos los delegados para realizar una medida de fuerza por la inacción del municipio y de la provincia". El paro será de 24 horas. "Esos terrenos son nuestros. Hay un plan de vivienda de 135 casas, donamos una parte para un destacamento policial, tenemos 25 casas ya casi hechas y es motivo suficiente porque nadie hizo nada. Es lo mismo que si te vas de vacaciones y encontras tu casa con tipos que entraron porque nadie hizo nada", expresó Audero.

Carbajal recordó que "hubo un grupo que acordó el 20 de enero levantar la ocupación contra el compromiso municipal de relevar cada situación familiar y hacer una propuesta de mejora. Con ese grupo se estuvo trabajando. Otro grupo, que de entrada manifestó que no se iba a retirar, fue avanzando y consolidando la ocupación, esos nunca se fueron. Producto de que esos nunca se fueron, parte de los que se habían ido, han vuelto, al ver que la ocupación no retrocedía sino todo lo contrario. Eso nos dificultó bastante nuestra tarea".

Los funcionarios municipales concurrirán hoy ante el juez correccional Carlos Leiva para entregarle un informe sobre lo realizado. El viernes, los dirigentes de UPCN se reunieron con el secretario de Gobierno, Fernando Asegurado y Carbajal. "Les manifestamos que hicimos todo lo acordado con el juez a cargo. Las posibilidades de intervención del municipio sobre una ocupación son limitadas", dijo la funcionaria y deslizó una crítica a la actuación de la justicia: "Se pidió desde un primer momento que se frenara el ingreso de personas y se impidiera la consolidación de lo existente. Ni siquiera se pedía que se desalojara".

Sobre la situación de las familias, Carbajal indicó que "hay situaciones de necesidad, son de barrio Alvear, pero tampoco hay una precariedad absoluta y extrema de gente que está sin techo". La funcionaria subrayó que "tampoco depende del municipo la respuesta a un reclamo habitacional, ni es la idea priorizar a quienes van y ocupan un terreno".

Por su parte, los vecinos instalados en el predio denunciaron que la municipalidad no cumplió los compromisos. "Decían que con los censos iban a ver y acomodar a la gente y nosotros queremos un pedazo de tierra, nada más", explicó a las radios uno de los ocupantes. "Nadie vino ni dio explicaciones de nada", agregó el vecino.