Lunes, 26 de marzo de 2012 | Hoy
CIUDAD › LA JUSTICIA ESCUCHARá A LOS USUARIOS DE ASSA
El Tribunal de Distrito 14 de Rosario hizo lugar al pedido de los concejales del Frente para la VictoriaPJ, Norma López y Roberto Sukerman, para que incorpore organizaciones, particulares y agrupaciones vinculados con los consumidores, a la causa judicial que lleva adelante el aumento en la tarifa de aguas dispuesto por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia. "Es una medida ejemplar. Establece la incorporación del 'Amigo del Tribunal', que si bien no reviste carácter de parte ni puede asumir ninguno de los derechos procesales, aporta opiniones al juez de la causa y proporciona nuevos elementos de análisis o enfoques jurídicos idóneos para realizar cualitativamente las decisiones judiciales", aseguró la vicepresidenta primera del Concejo.
"El tribunal estableció que la cuestión planteada en la causa excede el ámbito de las partes, calificándolo como un asunto que genera interés en toda la comunidad. Entonces, tal como lo solicitamos, entiende que es apropiado permitir la participación ciudadana, especialmente considerando el hecho de que nos encontramos ante un servicio básico y esencial para la dignidad humana, dado que el agua potable es un elemento indispensable para la vida y la salud de las personas", explicó Sukerman.
Cabe recordar que este mismo tribunal había decidido suspender la aplicación del aumento tarifario de Aguas al hacer lugar a una medida cautelar que solicitó la organización no gubernamental Ojo Ciudadano, que sostiene que la empresa no cumplió con los pasos legales correspondientes para implementar el aumento. "Ahora podrá incorporarse a la causa cualquier persona física o jurídica que acredite competencia en el tema del agua que date de cinco años a la fecha y que la finalidad de su incorporación sea expresar una opinión fundada", indicó López.
Por su parte, Sukerman subrayó que "en este proceso judicial podrán participar todos los actores sociales siempre y cuando acrediten idoneidad. Es una forma de participación directa de los ciudadanos en la aplicación de justicia y una buena forma de establecer que este aumento es una injusticia social e inconstitucional".
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