El ministro de Seguridad, Leandro Corti, recibió ayer a familiares de las víctimas del triple crimen ocurrido el 1º de enero en Dorrego al 3800, quienes le advirtieron "el infierno diario" que padecen por las agresiones y amenazas que les prodiga el entorno de uno de los involucrados en la investigación, Ezequiel Villalba, que se entregó la semana pasada luego de mantenerse prófugo tres meses. Y denunciaron al personal de la comisaría 15ª por propiciar esas hostilidades al mantener "una connivencia evidente" con sus autores. Corti ratificó la permanencia de las Tropas de Operaciones Especiales en el barrio, y les aseguró que "se está trabajando" sobre la trama de complicidades denunciada.

"Lo que ocurre en villa Moreno sucede en otros barrios, en otras ciudades -señaló el ministro-. Es un problema complejo y estructural, difícil de desterrar, pero estamos trabajando en ello, y contamos con la colaboración de la Justicia en esa misión. Mientras tanto, hacemos todo lo posible por contener la situación descripta por los familiares", de Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez.

El abogado que representa a estas familias, Noberto Olivares, planteó que "los Villalba trabajan sobre seguro porque tienen la protección de la comisaría 15ª, como también la tenía el Quemado Rodríguez".

Olivares ha denunciado una serie de indicios que avalan la sospecha de que hubo policías en los primeros tramos de la investigación que hicieron posible que el principal acusado de la masacre se mantuviera prófugo, y que Rosario/12 publicó el mes pasado.

Desde que el 23 de marzo Ezequiel Villalba se entregó, hubo una escalada de intimidaciones con disparos incluidos y acusaciones cruzadas entre el grupo familiar de aquel y los de Claudio Suárez y Adrián Rodríguez. Como saldo de esas denuncias cruzadas, la Policía mantuvo arrestados a dos hermanos Suárez, y a nadie de los Villalba que habrían participado de la gresca. La última de esas escaramuzas fue la amenaza verbal de un joven en moto contra los hermanos de Jeremías Trasante, camino a la escuela.

"Hubo ostentación de armas, piedrazos, miradas, por eso quedamos en que las TOE cubran los recorridos cotidianos de estas familias, pero el problema es de fondo. Desde el miércoles para acá hubo una mejora, pero no alcanza, y tampoco se solucionará en caso de que los Villalba se muden del barrio. Hay una trama de intereses que es más amplia que esa sola familia", dijo el secretario de Seguridad Comunitaria, Angel Ruani.

Una de las alternativas que había surgido desde la cartera de Seguridad era ofrecer a los Villalba facilitarles condiciones para que se muden del barrio, algo a lo que estos habrían manifestado acuerdo al principio. Sin embargo, ayer trascendió que esa alternativa no prosperó.

"Lo cierto es que esa gente no se quiere ir del barrio, y es que allí se mueven con impunidad porque saben que la policía no los va a tocar. Por eso le pedimos al ministro que se ahorre un problema que quién sabe hasta dónde va a llegar, y que cambie el personal de esa comisaría, empezando por el jefe, Abel Santana, que la fiscal debería ya estar investigando y no lo hace", reclamó Olivares.

La jueza de Menores Carolina Hernández tomó declaración ayer a tres adolescentes detenidos esta semana, involucrados en el ataque a balazos contra el hijo del Quemado Rodríguez, aquella madrugada del 1º de enero, en Garay y Vera Mujica. Estos menores, además, son considerados testigos del triple homicidio ocurrido en la canchita de Dorrego al 3800.

Los funcionarios de Seguridad consultados se abstuvieron de referirse sobre las denuncias realizadas sobre el desempeño policial en el caso. Revelaron, en cambio, su impresión de que el hostigamiento desplegado sobre las familias Trasante, Suárez y Rodríguez obedece a la intención de amedrentar a los testigos que deberán declarar en el futuro juicio oral.