La Red Argentina de Consumidores acudió a la Justicia para que declare inconstitucional el último aumento del boleto urbano de pasajeros y la delegación de facultades que el Concejo Municipal le dio a la intendenta Mónica Fein, y que le permitió subir el precio del boleto un 17 por ciento. La presentación incluye una medida cautelar innovadora para que "cese inmediatamente" la nueva tarifa, que rige desde el 20 de marzo pasado. "No es un acto serio y transparente. No es legal el procedimiento. Lo hicieron por una vocación de concentrar el poder", afirmó Christian Galindo, representante de la ONG. La intendenta respondió ayer mismo a la mañana: "Tenemos la potestad. Es una autorización, no le estamos quitando una atribución al Concejo", sostuvo. La decisión está en manos del juez en lo Civil y Comercial Nº 9, Marcelo Bergia.

Los mal llamados "superpoderes", concedidos por el Concejo en diciembre pasado a la intendenta, fueron cuestionados por la ONG. "Existió una injustificada e innecesaria concentración de poderes en el Ejecutivo", dijo Galindo, y justificó sus dichos alegando que "no existe ni existió emergencia alguna" para solicitar la delegación de facultades.

Además, para el responsable de la ONG que defiende los derechos de los usuarios, "se anuló todo control republicano garantizado en la división de poderes, porque tampoco hubo publicidad formal en tiempo y forma del acto que dispone la suba tarifaria; así como tampoco de los estudios técnicos de costo que motivaron la suba, por lo que todo ello afectó el derecho constitucional a la información del usuario consumidor".

En la presentación, argumentó que el Ejecutivo Municipal concentra "todas las facultades: tiene el poder concedente del servicio; es prestador directo; es la autoridad de regulación, de control y también autoridad en materia de tarifas". Todo ello, "vulnera derechos elementales de los usuarios, anulándose todo tipo de control actual y futuro y por ende de garantía de transparencia de las decisiones tomadas por parte de las autoridades", dice el escrito. Galindo consideró que los usuarios del servicio "pagan hoy obligadamente por un servicio monopólico una tarifa que no saben de dónde surge".

Al mismo tiempo, sostuvo que "el acto administrativo que dispuso la suba --mediante el decreto 541-- careció los motivos (estudio de costos) que lo justifiquen".

El concejal kirchnerista Roberto Sukerman coincidió con la "ilegalidad" planteada por la ONG. "La Ley Orgánica de Municipalidades es clara: fija la facultad del Concejo, por lo que no se podría ir en contra con una ordenanza municipal. Están quitando al Concejo una facultad política", dijo.

Para Galindo "hay una serie de vicios". En ese sentido, enumeró: "Se anuló la división de poderes. La ley marco de Transporte Público dice que el régimen de tarifas será fijado por el Concejo". Al mismo tiempo, "viola la ordenanza 7.627, que crea el ente de control. Dice que éste debe elevar el estudio de costos al Concejo, no al Ejecutivo".

Galindo apuntó también a que para la delegación de facultades, debió existir una "situación de emergencia". A ese cuestionamiento Fein respondió: "Desde 2001 el país está en emergencia económica y financiera, lo que le da grandes poderes al Ejecutivo. Nosotros no tenemos ninguna ley de emergencia, sólo pedimos una autorización y el Concejo nos la dio". A lo que el referente de la ONG retrucó: "No es serio decir que estamos como en 2001".

Al mismo tiempo, la intendenta recordó que "tanto Córdoba, como Mar del Plata, Bahía Blanca y Rosario, que gestionan su transporte, necesitan garantizar el sistema mediante el ajuste de tarifas, que nunca es una buena noticia, pero mientras el sistema sea de esta manera, la tarifa es una variable de ajuste que lamentablemente hay que utilizar".

Luego, señaló que "la autorización del Concejo es por un año, es la misma que tiene la ciudad de Santa Fe. La hemos ejercido. Vamos a poner a disposición los informes que solicitamos, que nos permiten actuar porque el Concejo en cualquier momento puede recuperar su atribución".