Desde Santa Fe

Decenas de familias que la semana pasada tomaron 264 viviendas en los barrios Santa Rita II y Las Delicias, en el norte de la ciudad, resistían ayer la presión del gobierno que lo intimó a desalojar las casas en 24 horas. "No nos van a sacar de acá porque no tenemos a dónde ir", dijo Sebastián Saldaña, el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que el miércoles último ocupó las primeras 180 viviendas de un plan oficial que estaba abandonado desde hace años. Al día siguiente, jueves santo, y como efecto dominó, vecinos de la zona ocuparon otras 80 casas que estaban en construcción. La directora provincial de Vivienda, Alicia Pino, ya advirtió que "desde el Estado no podemos aceptar la usurpación como método de coacción para acceder a una vivienda social" y presentó una denuncia penal contra los ocupas ante el juez Correccional de la sexta nominación, en turno.

Ayer, el gobierno desplegó un fuerte montaje policial para intimar el desalojo de las casas "en el término de 24 horas". En el operativo, participaron funcionarios de la Dirección Provincial de Vivienda que entregaron las intimaciones y realizaron un censo de las familias ocupantes. Muchas de ellas se negaron a recibir y firmar las cédulas.

En representación de una asamblea de vecinos, Saldaña dijo que "la decisión de las familias es no desocupar las viviendas hasta que el gobierno no les de una solución alternativa". "Nos vamos a mantener firmes en la decisión", afirmó Saldaña. "Acá vinimos a pelear por un derecho constitucional que es el derecho a la vivienda. ¿O acaso creen que desalojando a 180 familias van a resolver el problema, cuando faltan 15.000 viviendas en la ciudad de Santa Fe y 350.000 en la provincia? Las familias que estamos acá no nos vamos a mover hasta tener un techo", agregó.

Otra militante de la CCC dijo que la semana pasada habían acordado con el gobierno un desalojo progresivo de las viviendas, a medida que les entregaran terrenos y materiales para construir una habitación y un baño. "Pero ahora, lo que nos sorprende es que salen por los medios a decir que se cae el acuerdo por no haber desocupado. El acuerdo era desocupar por etapas, a medidas que se iban construyendo las otras casas", explicó.

El abogado Guillermo Munné, de la organización Tramas, explicó la toma de las 264 viviendas ﷓180 de ellas abandonadas desde hace años﷓ por "la enorme injusticia de nuestra ciudad, donde hay grupos sociales muy postergados que han sufrido los efectos de políticas que aumentaron la desigualdad social y precarizaron la situación de los más pobres", dijo.