La Municipalidad de Rosario deberá pagar 1,8 millón de pesos a la familia de un hombre de 53 años que murió en 2003, durante el postoperatorio por apendicitis con peritonitis, tratada en el viejo Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (HECA). El paciente fue dado de alta prematuramente, y volvió al hospital varias veces con un cuadro infeccioso que fue detectado muy tarde por los médicos, poco antes de su muerte. El fallo de resarcimiento del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 2, al que Rosario/12 tuvo acceso, indica que "la obligación de prestar asistencia a la salud de la población debe hacerse en condiciones adecuadas para el fin que ha sido establecido; (la municipalidad) es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento". Para la Justicia, "no se agotó, con análisis y recursos de la medicina, para formular un diagnóstico cierto". Aunque la denuncia penal no prosperó, los hijos y la esposa del fallecido insistieron con los daños moral y material que exponen los jueces en la resolución: la familia habló de "falta de camas" para internación, alta médica apresurada y pertinencia de la medicación recetada. En tanto, el titular de Asuntos Jurídicos, Alejandro Schwartzman, aclaró que el fallo no está firme y dijo que se estudiará un recurso extraordinario de apelación.

El 12 de junio de 2003, Héctor M. llegó al Hospital Roque Sáenz Peña con dolencias propias de una apendicitis. Allí le realizaron estudios médicos y ese mismo día, por la tarde, fue derivado al HECA donde lo operaron por un cuadro de "apendicitis con peritonitis difusa".

Cinco días después, recibió el alta médica pese a que "aun permanecía con temperatura, un cuadro clínico comprometido y estando inmunodepresivo", según planteó la familia en la demanda.

A los dos días, ingresó nuevamente al hospital con un cuadro de "alta temperatura, vómitos y dolores abdominales intensos". Fue atendido por dos médicos de la guardia que "le prescribieron el suministro de paracetamol". Además, se le realizó una placa radiográfica de abdomen, se indicó a los familiares del paciente que los dolores "eran propios del cuadro postoperatorio", y le recomendaron que tomara líquido.

A las pocas horas, el paciente reingresó al HECA con "un cuadro más complejo: fiebre altísima, deshidratación grave, insoportables dolores de estómago y abdomen visiblemente hinchado". El médico que lo atendió allí lo revisó y le indicó "que los dolores eran propios de la intervención, y que solo debían curar la herida y controlar la evolución de la misma".

En tanto, el 25 de junio, el paciente es nuevamente trasladado al HECA, y rápidamente fue derivado a una nueva cirugía, pues presentaba "un cuadro muy complicado de infección generalizada con compromiso de varios órganos vitales". En la intervención se constató "una peritonitis fecal difusa", por lo que los médicos realizaron prácticas para intentar sanar esa dolencia. Sin embargo, dos días después, el hombre murió "a raíz de un shock séptico generalizado que afectó órganos vitales y provocó una falla generalizada".

El desenlace llevó a la esposa de Héctor y a sus cuatro hijos a presentar una demanda judicial por daño moral y material, y perjuicios, que tuvo resolución positiva para la familia. "Es obligación del Estado Municipal brindar asistencia médica adecuada, a través del hospital, por medio de los profesionales de su cuerpo, lo que la hace responsable no sólo de que el servicio se preste, sino también de que se preste en condiciones tales que el paciente no sufra daños por deficiencia en la prestación prometida", señalaron los jueces Juan José Bentolila, Viviana Cingolani y Delfina Domínguez.

Si bien durante el proceso judicial declararon los médicos que atendieron al paciente, los magistrados analizaron la responsabilidad del estado municipal. El abogado que patrocinó a la familia, Marcelo Aused, dijo en LT8 que los magistrados criticaron "el control y el seguimiento del paciente" tras la operación. "Hubo negligencia y descuido de los médicos durante el pos operatorio", señaló el profesional.