La jueza de Instrucción 12º, Mónica Lamperti, decidió mantener la libertad con restricciones para Fabián Casarini, imputado por el homicidio de Andrés Arduvino, en su estudio de Montevideo 1629, porque consideró que "no existe peligrosidad procesal" en su estado de libertad. La resolución fue tomada diez días después del pedido de la fiscal Cristina Herrera para que dictara la prisión preventiva. De esta manera, sin dar fundamentos precisos, la magistrada decidió que el acusado continúe en libertad mientras la causa es investigada en la instrucción. En una nota dirigida a los medios, Lamperti señaló: "Corresponde mantener los términos de lo resuelto el pasado 10 de abril", a dos días del hecho, cuando el abogado se presentó ante la Justicia para alegar la "legítima defensa" por el homicidio. En tanto, familiares y vecinos de barrio Tablada donde vivía la víctima se manifestaron "disconformes" con la decisión y preparan una marcha para los próximos días.

El pedido que la magistrada denegó había sido formulado por la fiscal Cristina Herrera el pasado 27 de abril, luego de una serie de "entorpecimientos" que detectó en el marco de la causa. La funcionaria judicial habló en su momento de "modificación en el lugar del hecho y obstrucción de pruebas". Es que entre la primera y la segunda pericia ocular en el estudio donde vivía Casarini, la fiscal advirtió que faltaron tres elementos puntuales: una PC (que el peritaje determinó `vacía' tras la devolución), un par de zapatillas y un teléfono móvil. Además, entre la segunda y la tercera pericia ocular, apareció en el lugar una llave inglesa manchada de sangre, que estaba "a la vista" y fue descubierta por personal de Criminalística.

Sin embargo, pese a los fundamentos expuestos por Herrera, la jueza Lamperti estimó que "no se vislumbran, con lo aportado (por la fiscal), nuevos indicios de riesgos actuales de entorpecimiento probatorio ni de sustracción a la acción de la Justicia que, a su vez, viabilicen aplicar lo establecido en el artículo 350 del Código Procesal Penal". Además, apuntó a que lo dicho anteriormente "se ajusta a la actitud de imputado frente al proceso, asistiendo y cumpliendo los requerimientos del Tribunal en cada oportunidad en que le fue solicitado". Y agregó: "Lo demás será materia de tratamiento al momento de emitirse la resolución de mérito".

A eso se refirió el abogado de la familia Arduvino, Marco Cella, quien señaló: "Esta resolución que toma la jueza no significa una valoración de fondo para la causa. Simplemente tiene que ver con la peligrosidad procesal del imputado", que no existe para la magistrada.

Si bien el comunicado de Lamperti no especifica los fundamentos por los que desestimó los planteos de la Fiscalía, sino que apunta a "que las referencias de la Fiscalía no conmueven los argumentos de la resolución 180 (del 10 de abril pasado sobre el estado de libertad con restricciones del acusado) en cuanto al aseguramiento de los fines del proceso", tampoco se expresó acerca de las alrededor de cinco carillas mediante las que se expidió la defensa de Casarini, luego de recibir el traslado que dio el juzgado al pedido de la fiscal.

En tanto, los vecinos de barrio Tablada, donde vivía el "Lepe" con su familia, se manifestaron "totalmente disconformes" con lo que resolvió la jueza. La semana pasada, Daniela, la madre de Andrés, había presentado un escrito ante la magistrada con la firma de mil vecinos que reclamaron que Casarini fuera detenido. Aseguran que el joven asesinado, que no llegó a los 23 años, era "muy solidario" en el barrio: en sus últimos días de vida, había donado instrumentos musicales en desuso a los chicos de la zona, porque quería que hicieran otras actividades y "que no entren en la droga".