La Secretaría de Hábitat provincial y la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez empezarán hoy a censar a los ocupantes de terrenos privados en esa ciudad, con la promesa de asignarles prioridad en los planes de vivienda que la eclosión del déficit habitacional obligó a apurar. La condición será que liberen esas tierras y regresen a sus hogares a esperar. Mientras tanto, las empresas propietarias de los diez terrenos tomados denunciaron las usurpaciones y al menos una de ellas judicializó su situación y pidió el desalojo por la fuerza pública. La Justicia no se expidió en ese sentido y ayer la situación se mantenía, aunque con más calma que en la tarde del miércoles, cuando la aparición de refuerzos policiales de Infantería tensó los nervios en los nuevos asentamientos.

Al cierre de esta edición la policía no había recibido ninguna orden de proceder al desalojo de las 10 hectáreas tomadas en Soldado Aguirre y Nahuel Huapi, pedido por el frigorífico Sugarosa, la firma propietaria, según señaló el subjefe de la Unidad Regional II, Hernán Brest. El intendente Pedro González, funcionarios y referentes de las empresas afectadas entrevistaron al secretario de Seguridad, Marcos Escajadillo, para sostener la presencia policial que evite nuevas usurpaciones. Algunas de las firmas que requirieron la intervención policial son la fábrica de acoplados Montenegro, las carroceras Saldivia y Metalsur y otras en el área industrial; en tanto Sugarosa radicó el pedido de desalojo ante la jueza de Circuito de Villa Gobernador Gálvez, Viviana Bravo.

El presidente de la Asociación de Comercio e Industria, Cristian Allegra, reveló al término de la reunión con autoridades provinciales y municipales que a excepción del predio del frigorífico --que se resolverá por la vía judicial-- el resto será relevado desde hoy por equipos del municipio y de Hábitat "para desalojarlos con asistencia de la policía pero con la firme premisa de no reprimir", aclaró el empresario. "La gente demuestra voluntad de pago, entonces el gobierno le dará prioridad en un plan que ya estaba conversando con el municipio. Lo que pasa es que la provincia se demoró en tomar cartas en el asunto, y la Justicia también", cuestionó Allegra y dejó a salvo a la gestión de González. Anteayer, vecinos señalaron que el origen del conflicto había sido la interpretación de dichos del intendente sobre una supuesta promesa de lotear las primeras tierras usurpadas.

"Los terrenos estaban cercados, pero un día fueron y derribaron el alambre, le sacaron fotos y después se metieron, y así queda como ocupación y no como usurpación, que es una contravención más grave", sostuvo Allegra.

La última ofensiva del fenómeno ocurrió el miércoles a la tarde, en Kennedy y Saavedra, pero los vecinos impidieron que la toma avanzara y disuadieron a los que la intentaron. Fue cuando algunas escuelas suspendieron las clases a media tarde. "Eso nos dio bronca. Lo hicieron para darnos temor", cuestionó ayer Estela Gauna, madre de 9 hijos que dejó su ranchito junto a la vía y se metió en uno de los lotes marcados en el predio de Sugarosa, cerca del arroyo Saladillo. "Vamos a resistir lo que venga, porque nos cansamos de esperar y estos terrenos hace veinte años que los tienen juntando yuyos y ratas", planteó. La lluvia y el viento con que amaneció el jueves malogró varios toldos y casillas.

El secretario de Hábitat, Gustavo Leone, resaltó que antes de los sucesos, venían "trabajando junto al municipio en un convenio con miras a resolver el problema habitacional a través de canastas de materiales financiadas por la provincia, pero sobre tierras de dominio municipal en las que los vecinos puedan iniciar procesos de autoconstrucción, quienes ya estén registrados en las listas oficiales". A Rosario/12 Leone le dijo que aquella idea inicial era para unas 450 viviendas. Pero los ocupantes llegaron a ser 2500.