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El intendente de Villa Gobernador Gálvez, Pedro González, quebró su silencio mediático de las últimas semanas y ayer refutó a los vecinos que le atribuyen responsabilidad en las múltiples tomas de terrenos privados que lo tienen en jaque. "Voy a hacer lo imposible para sacar a los usurpadores. Esto es una cosa armada, están locos si creen que yo puedo meter 2500 personas más en ranchos", enfatizó por distintos medios de prensa. Y, en tren de demostrar cuánto repudia esos métodos, de repente confesó que una vez le quemó la casa a una familia que ocupó un predio ajeno.

"No estoy a favor de la usurpación, quiero recalcar, remarcar y que escuchen bien: quiero afuera a todo el mundo. Hay que desalojar a la gente, que vayan a sus lugares de origen y hacer los loteos que se puedan hacer con la ayuda de la provincia", exclamó el jefe municipal.

Lo cierto es que hasta ahora ninguna denuncia penal cuajó en el fuero correccional de Rosario, por lo que se descuenta hasta aquí que vaya a surgir una orden judicial de desalojo, a pesar de que algunas de las empresas afectadas --como el frigorífico Sugarosa-- así lo pidieron.

González atribuyó la masividad de las ocupaciones a "una maniobra política" para perjudicarlo. Se negó a identificar responsables porque --dijo-﷓ "no acostumbro a echarle la culpa a nadie", pero deslizó que "a lo mejor hay alguno de Rosario metido en el tema, no lo sé". La semana pasada, el dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda, Juan Carlos Rodríguez, había responsabilizado a González por la amenaza de muerte que recibió en su vivienda a manos de tres desconocidos. Rodríguez fue funcionario del ex intendente del Frente Progresista, Jorge Murabito, enfrentado al extremo con su sucesor peronista.

"Hice la denuncia en Tribunales el 23 de abril y le avisé a cada dueño de terreno para que lo haga. Puedo mediar por 10 personas, pero no por 2500", aseguró. Sí reconoció que se reunió con gente que participa de las tomas, y que les pidió que liberaran las tierras para luego buscar una solución. "Me contestaron que si ellos se iban, en media hora los terrenos iban a ser ocupados por otra gente", reveló el intendente.

Juró que no prometió viviendas durante su campaña electoral, tal como le había enrostrado Murabito. "Tengo 65 pirulos, esto es una cosa armada: en dos días vinieron 2500 personas. Cómo pueden creer que puedo hacer una cosa así", se ofendió y acotó: "Para resolver este problema tiene que venir la provincia y dar la ayuda que necesitamos".

Entre los piolines que delimitan los lotes apropiados y el tolderío, ayer se instaló la calma, vigilada a discreción por refuerzos policiales sólo para disuadir de nuevas usurpaciones que no ocurrieron en ninguno de los diez terrenos ocupados en la periferia sur y oeste, ni en ningún otro. Mientras, ayer se esperaba que agentes municipales y de la Secretaría de Hábitat empezaran a censar a los okupas para reconocer entre "necesidades genuinas y avivadas", de cara a futuros planes de vivienda. Sin embargo, eso no ocurrió. "Se resolvió no empezar con eso por ahora, porque generaría expectativas que podrían causar nuevas usurpaciones", explicó un vocero de la cartera provincial.

En su descargo radial de ayer, González aseveró: "Se han metido en terrenos alambrados. Eso es delito, y no lo voy a permitir bajo ningún punto de vista". Adelantó que esperará "dos o tres días" que la Justicia ordene el desalojo, de lo contrario --amenazó-- se ocupará en persona. "A mí esto no me lo hacen; esta ciudad no es tierra de nadie". El jefe municipal deslizó que entre los ocupantes hay quienes vinieron desde barrios del sur rosarino. Se pronunció "cansado de los ranchos con dos chapas paradas donde hay cinco chicos" y exigió que "cada uno vuelva a su lugar de origen". Por situaciones así, reveló, ha ido antes "con un bidón de nafta" a terminar con una ocupación.