Con el argumento de que la masacre de villa Moreno generó una "alarma social ante el crimen organizado" en Rosario, abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentaron ante el juez Juan Andrés Donnola para constituirse como querellantes de la causa. Durante la audiencia de la que participaron las partes involucradas, los letrados Lucas Ciarniello y Alvaro Baella señalaron que el caso tiene dos planos: el particular, que incumbe a los familiares de las víctimas; y el de interés colectivo, que afectó "cuestiones que van más allá de los homicidios" del 1º de enero pasado, donde entran "el complot policial, el narcotráfico y el lavado de dinero". En tanto, la defensa de Sergio "el Quemado" Rodríguez, único procesado por el hecho que terminó con las vidas de Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez, manifestó su negativa al pedido. El juez resolverá entre hoy y mañana. Por otro lado, la fiscal de la causa, Nora Marull --quien ayer adhirió a los planteos de la Secretaría de Derechos Humanos nacional--, le pidió por escrito a la ministra de Seguridad Nacional, Nilda Garré, la colaboración del subsecretario de Asuntos Complejos de la cartera, Rubén Robles, quien llegaría a Rosario para brindar asesoramiento.

En diálogo con Rosario/12, Ciarniello señaló que "la secretaría como representante del Ejecutivo nacional es una persona jurídica de derecho público que tiene interés en participar de esta causa por elementos puntuales. Está en juego el interés social por la conmoción que generó este hecho. Este caso no se reduce a tres homicidios, sino que los elementos que surgen de la causa dan cuenta de una modalidad de crimen organizado, que tiene que ver con la complicidad de miembros de la policía provincial; y esa connivencia es una participación activa, no solo en estos asesinatos sino también en otros delitos que fueron investigados durante 2010 y 2011 y que aparecen como ajustes de cuenta, figura bajo la cual se pretende disfrazar esta situación. Además, hay elementos para pensar que estos circuitos delictivos se vinculan con el narcotráfico y con el lavado de dinero".

Por su parte, Norberto Olivares aceptó la querella durante la audiencia de la que participaron también los padres de las víctimas, que acompañaron el pedido; mientras que los abogados de los imputados manifestaron su oposición, en cuanto a la legitimación que tiene la Secretaría de Derechos Humanos. También apuntaron a un "desbalance" sobre la cantidad de partes procesales. "La Comisión Investigadora Independiente de la Cámara de Diputados Provinciales no es parte", aclaró Ciarniello.

En tanto, la fiscal --que el viernes pasado presentó el pedido formal de prisión preventiva para todos los acusados no procesados en la causa-- también se manifestó a favor y apuntó a que la masacre tiene un interés colectivo por lo que el hecho significó para la sociedad. "Se vulneraron el derecho a la vida y a los derechos humanos", dijo.

Por otro lado, los abogados de la secretaría de DDHH, plantearon que haya una investigación integral de los elementos que surgen en la causa, para que se llegue a una sentencia que aborde los tres expedientes: el del triple crimen; el de connivencia policial (ver aparte); y el hecho previo en el que el hijo del principal acusado fue atacado a balazos, y que habría desencadenado en la masacre. "Son hecho inherentes", aseguró Ciarniello.

Al mismo tiempo, los abogados apuntaron a la "responsabilidad internacional que podría tener que asumir el estado nacional en el supuesto caso de que haya una sentencia que en cierta forma consagre impunidad. En ese supuesto, las víctimas tendrían el derecho de presentarse ante organismos internacionales como damnificados". Lo cual significa que "el Estado asumió una responsabilidad ante la comunidad internacional de procurar la promoción de los derechos fundamentales y asegurar el juzgamiento cuando estos se vean violados".

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